Aprobado el anteproyecto de ley que refuerza la lucha antitabaco

Según comunicado de prensa del Ministerio de Sanidad, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto que modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, con un enfoque de endurecimiento de la regulación y protección de la salud pública, especialmente entre los menores de edad.

Enmarcado en el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, el nuevo texto amplía los espacios sin humo, prohíbe la venta y el consumo de productos emergentes, como los cigarrillos electrónicos de un solo uso, y articula nuevas limitaciones a la publicidad y promoción de productos del tabaco y afines.

El Ministerio de Sanidad indica que la reforma responde, por una parte, a la evidencia científica acumulada en torno al daño del tabaco y productos relacionados, y por otra, a las recomendaciones de la Comisión Europea y el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, que fijan como meta la drástica reducción de la prevalencia del tabaquismo antes de 2040.

Nuevas prohibiciones: el foco en los menores y productos emergentes

El texto introduce la prohibición expresa del consumo de tabaco y productos relacionados por parte de menores de edad, superando el anterior marco legal que limitaba la restricción a la venta o entrega. Se prioriza la protección a la infancia y adolescencia, reforzando la barrera ante el inicio y normalización de estos consumos.

Otra de las novedades destacadas es el veto total a la venta y suministro de cigarrillos electrónicos desechables. Esta medida responde tanto a su creciente popularidad entre jóvenes como a su impacto ambiental, dado el elevado volumen de residuos que generan y su particular accesibilidad en el mercado.

Equiparación legal de productos relacionados: una respuesta a la diversificación del mercado

El anteproyecto redefine y regula específicamente los productos relacionados con el tabaco, respondiendo así a la proliferación de nuevas formas de consumo que hasta ahora carecían de un marco normativo adaptado a sus características. Entre ellos, quedan incluidos:

• Cigarrillos electrónicos, con o sin nicotina, y todos sus componentes.
• Bolsitas de nicotina para uso oral, en diferentes presentaciones.
• Productos a base de hierbas empleados para fumar, vaporizar o inhalar, como las shishas o mezclas vegetales sin tabaco.
• Dispositivos para consumir productos calentados, con tabaco o preparados alternativos.

Todos estos productos, a partir de la futura aprobación de la ley, quedarán sujetos a las mismas restricciones que el tabaco convencional: se prohíbe su consumo en espacios públicos cerrados y en una serie de entornos exteriores ampliados, así como su venta y promoción a menores. Además, deberán incorporar señalización y etiquetados claros sobre su composición y contenido en nicotina. La publicidad, promoción y patrocinio en cualquier medio, soporte o canal, será igualmente ilegal, sin distinción entre tabaco tradicional y nuevos productos.

Ampliación de los espacios sin humo y nuevas obligaciones para hostelería y ocio

El texto legislativo amplía de manera sustancial los espacios en los que estará prohibido fumar o consumir productos relacionados, sumando a los ya establecidos en la legislación anterior, otros entornos exteriores y lugares de uso comunitario. A partir de la entrada en vigor, quedará vedado el consumo en:

• Terrazas de bares y restaurantes.
• Recintos y asientos donde se desarrollen espectáculos públicos al aire libre, como conciertos.
• Instalaciones deportivas.
• Parques infantiles, zonas culturales y educativas.
• Exteriores de centros sanitarios, educativos, universitarios y sociales.
• Estaciones y vehículos de transporte con conductor.

Paralelamente, se refuerza la obligación de los titulares de establecimientos y responsables de los citados espacios a instalar señalización visible y clara advirtiendo de las restricciones, con condiciones que serán detalladas vía reglamentaria.

Nueva regulación sobre publicidad, promoción y patrocinio

El Anteproyecto de Ley introduce un capítulo que modifica el régimen vigente de publicidad de productos del tabaco, extendiendo estas limitaciones a todos los productos emergentes anteriormente definidos. Queda vetada cualquier forma de comunicación comercial o de promoción, tanto directa como indirecta, en medios impresos, audiovisuales, digitales o redes sociales.

Igualmente, se prohíbe la publicidad o referencia a marcas de estos productos en cualquier equipamiento, instalación o mobiliario en espacios públicos: desde rótulos o carteles en locales hasta mobiliario urbano o elementos de hostelería. El patrocinio de actividades, eventos o contenidos por parte de empresas del sector del tabaco también será ilegal, abarcando publicaciones, festivales y actividades, tanto presenciales como digitales.

Restablecimiento del Observatorio para la Prevención del Tabaquismo y actualización del régimen sancionador

Tras su supresión en 2014, se restablece el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, órgano encargado de la coordinación interadministrativa y el seguimiento de las políticas públicas en la materia. Esta decisión busca reforzar la evaluación y actualización de las estrategias frente al tabaquismo a la luz de los cambios en el entorno social y comercial.

Asimismo, se actualiza el régimen sancionador, incorporando nuevas tipologías de infracciones y ajustando las cuantías y responsabilidades legales. Fabricantes, distribuidores, establecimientos y consumidores dispondrán de un periodo transitorio de 12 meses para adaptarse al nuevo marco normativo, incluyendo el tiempo necesario para el agotamiento de stock de productos como los cigarrillos electrónicos desechables.

Objetivo: una ley integral, centrada en la salud pública

La nueva norma, todavía en fase de anteproyecto, aspira a actuar como un instrumento integral y efectivo de prevención y control del tabaquismo, adaptándose a la acelerada diversificación de la oferta de productos relacionados y las tendencias de consumo, especialmente entre menores y jóvenes. El Gobierno pretende adaptar la respuesta jurídica al desafío sanitario y social actual, alineándose con los objetivos europeos en la lucha contra el cáncer y la preservación de la salud pública. El texto dará ahora paso a su trámite parlamentario, en busca de una aprobación definitiva.