El Consejo de Ministros ha aprobado esta medida mediante Real Decreto, completando la regulación de la reforma laboral del Gobierno.

Los árbitros designados por la Comisión Nacional de Convenios Colectivos para resolver conflictos relacionados con la inaplicación de las condiciones de trabajo pactadas cobrarán entre 500 y 1.500 euros, en función del número de trabajadores afectados, de las materias a las que afecte y de la complejidad del laudo, esto es, la decisión que dictan los árbitros o amigables componedores.

Así lo ha establecido el Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado el Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las compensaciones económicas a estos árbitros. Esta regulación estaba pendiente desde la entrada en vigor de la reforma laboral.

Estas compensaciones económicas se disponen como una subvención, ya que el Gobierno considera que concurren razones de interés público y dificultades en su convocatoria pública, derivadas de la naturaleza del conflicto que se trata de solucionar mediante el correspondiente arbitraje.

Según la reseña del Consejo de Ministros, con la aprobación de este Real Decreto se aprueba una de las “novedades más relevantes” de la reforma laboral, completando ya su regulación, al establecer subvenciones a los árbitros designados por la comisión para solucionar las discrepancias entre las partes cuando se pretenda no aplicar un convenio colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Así, el Real Decreto regula también el procedimiento para la solicitud de la subvención por el árbitro, así como para la concesión y justificación de dicha subvención.

Es importante mencionar que la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos es un órgano colegiado, adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de carácter tripartito y paritario, integrado por representantes de la Administración General del Estado y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.