La demanda por conflicto colectivo presentada el pasado 13 de noviembre sostenía, además, la carencia de un plan de prevención de riesgos laborales en los juzgados e incluía como partes interesadas al resto asociaciones judiciales.

Así, alegaba que la mitad de los juzgados superan las cargas fijadas de trabajo por el Consejo General del Poder Judicial en más del 150%, además de hacer mención al fallecimiento de Ángel Luis del Olmo juez de lo Social de Madrid en 2013, producido en su lugar de trabajo y tras sobrepasar en un 206% las cargas establecidas, al igual que contaba con 19 juicios señalados el día de su deceso.

Asimismo, señala la asociación que en el año 2011 se aprobó un reglamento para las garantías del derecho de los magistrados de contar con seguridad eficaz y salud en sus funciones. Por otro lado, cita que el Ministerio de Justicia es titular, junto a las comunidades autónomas, de los centros de trabajo y medios materiales, y también del abono de las retribuciones de los magistrados.

Además menciona que, desde 2010, no se han contratado servicios en este particular ni analizado los riesgos para la seguridad y salud de la Carrera Judicial, tras el acuerdo “Convenio de Creación y Seguimiento de un Sistema de Prevención de Riesgos Laborales y de Vigilancia de la Salud de los miembros de la Carrera Judicial” suscrito entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia.

Por ello, la asociación señala que los organismos demandados han “incumplido sus obligaciones”, ocasionando la “más absoluta desprotección” del colectivo judicial como empleados públicos, para lo que insta a éstos a llevar a cabo estas acciones y proteger los módulos de productividad aprobados en 2013.

Para la tramitación de las alegaciones, la sala admite las pruebas presentadas y cita como testigos ala magistrada del Tribunal Supremo y antigua vocal del CGPJ Margarita Robles, el magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Carlos Hugo Preciado, la magistrada decana de Lanzarote, Gloria Poyatos, y el juez de violencia de género de Madrid y miembro de JpD Javier Martínez Derqui. También está citado como perito al catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Jaén Cristobal Molina Navarrete.

La sala fija para el próximo 3 de febrero el acto de conciliación previo al juicio, que será esa misma fecha en el caso de no alcanzar un acuerdo por las partes.