Los beneficiarios podrán disponer de las prestaciones a partir del 1 de enero, y fijarán su cuantía en 426 euros, de las que podrán beneficiar 450.000 personas, y aumentará la tasa de cobertura frente al desempleo hasta el 65% a mediados del año 2015, frente al 57,31% en la actualidad.

Las ayudas se destinarán a los parados de larga duración, cuyo desempleo conste de un plazo superior a un año, que hayan trabajado por cuenta ajena y sufrido una baja involuntaria. Además, deberán contar con cargas familiares y ser mayores de 45 años y demostrar la carencia de otro tipo de prestaciones como, por ejemplo, Prodi, Prepara o Renta Activa de Inserción (RAI) 

Por otro lado, la prestación no eximirá la posibilidad encontrar un trabajo, de forma que sirva para “incentivar al parado para que trate de buscar un empleo, a pesar de cobrar un subsidio", como ha explicado la patronal.

El plan tendrá un impacto para de 1.200 millones de euros respecto al erario público, a lo que se suma el coste de las políticas activas de empleo, así como el itinerario personalizado que se le hará al desempleado. 

La cifra no alcanza las 750.000 familias que no  reciben ningún tipo de subsidio, como proponían inicialmente los sindicatos, según el Instituto Nacional de Estadística (INE),. Actualmente, más de 1.200 personas agotan su prestación contributiva cada día.