La ayuda económica a la que podrán acogerse los desempleados de larga duración sin ingresos y con responsabilidades familiares será de 426 euros mensuales, lo que corresponde al 80% del Iprem se podrá cobrar durante seis meses y podrán acceder más beneficiarios de los calculados inicialmente, puesto que el Ejecutivo ha cambiado algunos de los requisitos que había planteado previamente.

En consecuencia. los posibles beneficiarios son los parados de larga duración que hayan trabajado por cuenta ajena en algún momento, inscritos como demandantes de empleo a fecha 1 de diciembre de este año, que hayan dejado de recibir prestaciones al menos seis meses antes de solicitar la ayuda incluyendo el Prodi, el Prepara y la Renta Activa de Inserción (RAI), con tengan cargas familiares y carezcan de otro tipo de rentas.

Además, aclaran el Ejecutivo y los agentes sociales que el objetivo de la medida será la inserción laboral mediante tratamiento “intensivo” de los servicios de empleo, acorde a las dificultades socioeconómicas existentes. De esta forma, se llevarán a cabo tratamientos personalizados y servicios de empleo adaptados a los perfiles profesionales correspondientes, y con un itinerario "individual" destinado a su reinserción, "que será objeto de seguimiento permanente". Por otro lado, los beneficiarios deberán acreditar "de forma regular" su búsqueda activa de empleo, y participar en las acciones de inserción propuestas por los servicios de empleo.

La reunión, producida este jueves, también ha servido para tratar temas relativos al nuevo Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas y la modernización de los servicios públicos de empleo, con avances en los últimos meses tras varias iniciativas, caso de la garantía juvenil o el portal de empleo y autoempleo. Las partes valoran de forma positiva la ampliación de fondos para políticas activas de empleo en los Presupuestos de 2015, señalando la necesidad de elevar su dotación para futuros ejercicios.

En relación a la reducción de la dualidad laboral, entienden que se debe impulsar el diálogo en la lucha contra la "excesiva segmentación del mercado de trabajo", y evaluar conjuntamente el impacto de medidas como la tarifa plana, respecto a su posible modificación o prórroga.