En conjunto, los 8.116 municipios españoles se han ajustado a las directrices de estabilidad presupuestaria mediante recortes de servicios y despidos. Así, desde el año 2011 hasta enero de este año las entidades locales han prescindido del 13% de sus plantillas, lo que se traduce en 86.714 personas, que ronda los 560.000 trabajadores que, unido a otras medidas como el incremento del IBI por la revisión de los valores catastrales, han permitido sanear cuentas y presentar un superávit conjunto del

Acorde a los planes presupuestarios para el año 2015 que el Gobierno acaba de enviar a Bruselas, 2.500 entidades locales (lo que supone un tercio de la totalidad), están sujetas a planes de ajuste, tras haberse acogido al , que ha modificado su deuda comercial en financiera para hacer frente a las facturas generadas. 

En este sentido, han recibido una inyección de 11.000 millones de euros, lo que supone el 25% del gasto municipal español de 2013. Por otro lado, otro centenar de municipios se han sumado este año a un real decreto de medidas extraordinarias de liquidez para Administraciones en grave situación económica, que les facilita condiciones favorables para hacer frente a los créditos a través de recortes y subidas de impuestos. 

Además, se les ha permitido el aplazamiento durante 20 años de las devoluciones de las liquidaciones negativas del sistema de financiación correspondiente a 2008 y 2009, medida que ha permitido evitar la devolución al Estado de 3.509 millones de euros en 2014.  El primer aplazamiento, en 2012, fue suscrito por 2.924 Ayuntamientos y Diputaciones a cambio de asumir el objetivo de estabilidad presupuestaria, con el límite de deuda pública establecido, y con un periodo de pago medio a sus proveedores inferior a los 30 días. 

Según los presupuestos presentados por el Gobierno en Bruselas hace un año, se explicaba que la ley supondría ahorros de hasta 8.000 millones en el periodo 2013-2015, similares a los previstos para el periodo 2014-2020, según la actualización realizada este ejercicio. 

Así, entre 2015 y 2016, los Ayuntamientos dejarán de prestar competencias que actualmente les cuestan 3.075 millones de euros y que deberían ser rescatados por las autonomías. En este sentido, expresa el documento remitido a Bruselas que “las líneas fundamentales de los presupuestos de 2015 [de los Ayuntamientos y Diputaciones] se orientan hacia medidas activas de política fiscal que se manifiestan en subidas tributarias y supresión de beneficios fiscales  y en la mejora de financiación de los servicios públicos mediante incrementos de tasas y precios públicos”.