El Gobierno pretende impulsar la libre concurrencia en el sistema de formación profesional con la convocatoria de subvenciones para 2014.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas, correspondiente al ejercicio presupuestario de 2014.

Asimismo, el próximo viernes se publicará la convocatoria de subvenciones, también para este año, para financiar un programa específico de ámbito estatal para la formación de jóvenes menores de 30 años (entre los que se incluyen los inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil).

Estas convocatorias tendrán una financiación máxima de 180,2 millones de euros, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, de los que 41,3 millones se dirigirán al programa de jóvenes.

En este año se amplían hasta 90,1 millones de euros (el 50% del total) los fondos abiertos a la libre concurrencia de centros y entidades de formación, que podrán acceder a estos fondos compitiendo en igualdad de condiciones.

El pasado mes de julio, el Gobierno y los interlocutores sociales firmaron un acuerdo a través del cual expresaron su voluntad de establecer un sistema de formación profesional que constituya una verdadera herramienta de competitividad para las empresas y de mejora de las oportunidades de los trabajadores para el acceso, mantenimiento y retorno al empleo.

Según el compromiso adquirido, el nuevo modelo de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral deberá estar operativo y resultar de aplicación a todo el sistema a partir del 1 de enero de 2015.

Además, introduce algunas novedades como la limitación al 50% del pago anticipado de la financiación, de forma que para proceder a los restantes pagos parciales será necesaria la comunicación de los alumnos participantes en las acciones formativas, así como la certificación de ejecución por parte del beneficiario de la ayuda. Con ello, se favorece la garantía de la impartición de una formación de calidad.

Por su parte, la subcontratación queda limitada al 50 por ciento, aplicable a la cuantía que corresponda a cada uno de los beneficiarios de las ayudas, y no se financian a través de la presente convocatoria planes cuya ejecución haya comenzado con anterioridad a la concesión de las ayudas, entre otras novedades.

Con las convocatorias se publica, además, la metodología que se utilizará para la valoración de las solicitudes presentadas, avanzando con ello en la transparencia de todo el proceso.

Según se recoge en el propio preámbulo de la convocatoria publicada hoy, con el nuevo modelo la totalidad de las subvenciones para la formación profesional para el empleo se someterán a libre concurrencia competitiva entre las entidades de formación que cumplan los requisitos necesarios para su impartición según la normativa vigente, sin perjuicio de que se faciliten acciones formativas dirigidas a cualificar a los interlocutores sociales ante una negociación colectiva cada vez más especializada y compleja. En esta línea ya avanza la presente convocatoria, situando ese porcentaje en el 50%.

Por su parte, el modelo debe tratar de superar las limitaciones de un calendario formativo condicionado por la tramitación administrativa. Por eso, se introducirá la posibilidad de instrumentar el cheque-formación para trabajadores desempleados y se impulsará, de forma definitiva, la teleformación.

Además, el nuevo modelo debe desarrollar un sistema integrado de información que garantice la trazabilidad de las acciones formativas y la comparabilidad, la coherencia y la actualización permanente de toda la información sobre la formación profesional para el empleo que se lleva a cabo, tanto a nivel estatal, como autonómico.

Este sistema permitirá desarrollar una cuenta formación que acompañe al trabajador a lo largo de su carrera profesional como herramienta clave para su empleabilidad; y favorecerá, además, la capacidad de analizar la actividad formativa, de evaluar su calidad y su impacto real sobre la empleabilidad de los trabajadores y la competitividad empresarial.

Como complemento y garantía de control y de lucha contra el fraude está prevista la creación, dentro de la Inspección de Trabajo, de una unidad especializada en el seguimiento y control de las actividades de formación con capacidad efectiva de sanción; de un régimen sancionador que incluya la prohibición para los beneficiarios de planes de formación de volver a trabajar para la Administración Pública en el ámbito de la formación durante, al menos, cinco años cuando hayan incumplido la legalidad, entre otras medidas.