La evaluación realizada por la Comisión Europea determinará si la regulación española sobre desahucios se adapta a la normativa europea de la UE, que determina la prohibición de las cláusulas abusivas incluídas en los contratos de los consumidores.

Así lo ha expresado Martine Reicherts, comisaría de Justicia, al tiempo que señaló que España podría ser expedientada si se detectan irregularidades en las mismas. 

Reicherts señala, asimismo que la normativa previa sobre desahucios que constaba en España "eran, tal y como estaban formuladas en ese momento, incompatibles con el derecho de la UE", además de expresar que "modificó la disposición que impedía que los deudores interpusieran recurso de apelación contra la resolución que desestimara su oposición a la ejecución, si esta se basaba en la existencia de una cláusula contractual abusiva en el contrato de préstamo", a través de la publicación de un Real Decreto de medidas urgentes en materia concursal el pasado 5 de septiembre. 

Como consecuencia, la Comisión está analizando si la normativa modificada actúa en conformidad a los parámetros que rigen en Europa, respecto a la directiva sobre cláusulas abusivas "tal y como ha sido interpretada por el TJUE". De no ser así, “se iniciarán, si procede, los procedimientos de infracción previstos en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea".