El texto contiene medidas que afectan a ámbitos de hacienda, agricultura, ganadería y alimentación; política territorial, obras públicas y transportes; educación; asociaciones y juventud; políticas de igualdad; y personal público, entre otras.

En relación a los cambios de hacienda, destaca la centralización de pagos en la Dirección General del Tesoro, con el fin de ejercer la reducción de los periodos medios para el abono a los proveedores, entre otras precisiones de carácter técnico.

Asimismo, se endurecen las sanciones en relación a las infracciones en materia de tributación sobre diversos aspectos, así como la resstructuración de los órganos económico-administrativos, con el objetivo de simplificar y agilizar su funcionamiento.

Se modifica la ley sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, para la agilización en la tramitación de ayudas universitarias

Se procede también a la aplicación de medidas relativas a racionalizar el sistema estadístico de la administración, desarrollado mediante el ISTAC, y que se traducirá en la reducción del gasto público y una mayor eficiencia en la prestación de servicios.

Entre otras modificaciones, también sobresale la reforma de las sanciones en el transporte por carretera, rebajando las cuantías.

Se regula la ley canaria de igualdad, incorporando la perspectiva de género en actuaciones y políticas, con cambios legales relacionados con la juventud, además de cambios moderados en las leyes de los consejos escolares, del Consejo Económico y Social, de fundaciones y de ordenación sanitaria de Canarias. En este sentido, entre otras medidas la Inspección General de Servicios contará con la posibilidad de acceso al historial clínico de los 60.000 empleados públicos canarios.

En lo que se refiere a agricultura, destacan las modificaciones en los procesos de autorización y registro de explotaciones ganaderas, así como la gestión de los consejos reguladores de los quesos majoreros y palmeros.