La intención del titular de Justicia es que las reformas pendientes entren en vigor en los primeros meses de 2015, debido a la compresión del calendario parlamentario y entendiendo que solo resta un periodo completo de sesiones completo, entre febrero y junio, antes de las elecciones generales del próximo año.

Así, las reformas de la normativa afectaría a la regulación del , la , la , Jurisdicción Voluntaria, la y el , del , del Estatuto de la Víctima, la transposición de varias directivas europeas o el ajuste de las . 

Por ello, esta semana iniciará en el Congreso el debate y análisis de las casi 900 enmiendas con el objetivo de aprobar en enero la reforma en un pleno extraordinario, para su remisión al Senado. 

En este sentido, Catalá ha expresado que no renunciará a la prisión permanente revisable, mientras que los grupos parlamentarios discrepan sobre la supresión del libro de las faltas, las medidas de seguridad o la regulación del delito de financiación ilegal. Además, el Ejecutivo ha optado por las enmiendas para llevar a cabo la modificación de las tasas judiciales, respecto al proyecto de asistencia jurídica gratuita y encomendar la gestión del Registro Civil a los registradores, mediante una reforma que obliga a los centros sanitarios a comunicar electrónicamente los nacimientos y defunciones, con el fin de  agilizar los informes de los órganos consultivos. 

El próximo viernes, llevará al Consejo de Ministros la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que redistribuirá la carga de trabajo entre juzgados. Por otro lado, la nueva Ley de Servicios Profesionales, con afectación a abogados y procuradores continúa estancada, pese a las críticas de la Unión Europea y el Banco Central Europeo por su retraso. 

Asimismo, se espera que durante el mes de enero se reciban los dictámenes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal o el Consejo de Estado acerca de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).