14 de las 33 infracciones propuestas en el anteproyecto del texto han sido modificadas o eliminadas.

En este sentido, tras pasar por órganos consultivos como CGPJ o el Consejo General de la Abogacía, además de su tramitación en el Congreso, han sido introducidas modificaciones relativas, entre otras, a las conductas susceptibles de sanciones, al incluir multas que oscilan entre los 100 y los 600.000 euros. Asimismo, la reforma del texto de anteproyecto supuso la afectación del 57% de las infracciones previstas, así como la introducción de seis nuevas faltas, con lo que la Ley contará, finalmente, con 45 infracciones a sancionar. 

Además, se incluyó a última hora una disposición transitoria por la que se modificaba la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de Ene, en relación a las devoluciones en frontera, y la cual incluye el texto que dicta que "los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España". 

En su tramitación parlamentaria en el Congreso, han sido presentadas 250 enmiendas a la misma, entre las que se incluye la inclusión por parte del Grupo Popular de la mencionada disposición relativa a la legalización de los rechazos en frontera de inmigrantes en Ceuta y Melilla. 

Una vez aprobado el proyecto, será elevado al Pleno de la Cámara de los Diputados para su votación y posterior remisión a la Cámara Alta, prevista para el próximo 11 de diciembre. 

La aprobación de la normativa genera malestar en diferentes organizaciones, como Amnistía Internacional o la plataforma No Somos Delito, que alegan que el proyecto de ley "amplía los poderes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en lugar de proteger los derechos humanos", para lo que convocan actos simbólicos de protesta frente al Congreso de los Diputados