Última revisión
21/10/2022
Condenado a 9 años de prisión por crear un entramado para no abonar el IVA
La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a 9 años de prisión y al pago de una multa de 2.488.000 euros a un empresario que creó un entramado formado por 13 sociedades instrumentales para eludir el pago de 621.589 euros en concepto de
Junto a él, también han sido condenadas otras cinco personas de su entorno más cercano que le asistían y cuya actuación fue determinante para el éxito alcanzar su objetivo. Por ello, la Audiencia considera a estos cinco acusados como cooperadores necesarios de los dos delitos societarios, en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil, siendo condenados por este último como autores directos. A estos se les imponen unas condenas que van de 4 años y medio de prisión y multa de 1.051.300 euros para dos de ellos que trabajaban codo con codo con el empresario, a 2 años y 10 meses de cárcel y multa de 692.000 euros para los otros tres acusados.
Además, se impone a todos ellos la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y ayudas públicas, así como beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social durante diferentes periodos, y les inhabilita para ejercer funciones de administrador societario durante el tiempo de condena.
Finalmente, la Audiencia condena a la única empresa que tenía actividad real y que no abonó a la hacienda pública lo que le correspondía por
Modus operandi
El relato de hechos probados de la sentencia señala que el principal acusado, gerente de una mercantil, actuando con la intención de eludir el pago del
Esta mercantil compraba a sus proveedores sin pagar
Por un lado, creó empresas instrumentales que emitían facturas a los clientes de la empresa que sí tenía actividad como si en realidad fueran clientes de aquellas, ocultando así el vendedor real y verdadero sujeto pasivo del
Las empresas de uno y otro tipo «carecían de cualquier estructura empresarial, de actividad real, de locales de negocio y de trabajadores», y al frente de las mismas se encontraban personas del entorno del empresario condenado. Además, estas empresas estaban distribuidas por todo el territorio nacional, lo que permitió ocultar ante la hacienda pública la real actividad y «dificultó enormemente a la hacienda pública la determinación del verdadero obligado tributario, así como el cálculo de las cuotas defraudadas».
El
Graduación de las condenas
A la hora de determinar la pena del principal acusado, el tribunal ha tenido en cuenta «la elevada cuantía de la defraudación, que casi triplica la prevista para el delito fiscal”, y el hecho de que sea «el responsable máximo de todo el entramado creado para la defraudación».
En cuanto al resto de acusados, la sala distingue entre quienes colaboraban de forma más estrecha con el anterior y el resto.
Dos de ellos trabajaban en la empresa que tenía actividad real, tenían despachos allí y percibían salarios con cargo a las mercantiles, «encargándose de la gestión y dirección de dicha operativa, si bien bajo la supervisión» del empresario. Por ello que impone penas más elevadas.
La sala entiende que la participación de los tres restantes en su condición de cooperadores necesarios «reviste menos gravedad» que la de los dos anteriores, por lo que la respuesta punitiva «debe ser ligeramente inferior».
Fuente: Consejo General del Poder Judicial
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