El Ejecutivo espera que la normativa inicie su introducción progresiva desde este trimestre, comenzando por el Régimen General, y ampliada posteriormente a otros regímenes de la Seguridad Social, cuyo coste de mantenimiento se cifrará en unos 5,78 millones de euros anuales.

Se traducirá en la sustitución del actual modelo de autoliquidación por uno de facturación de la Seguridad Social, lo que supondrá un control integrado de la recaudación, fundamentado en el cálculo previo de la Administración de las cuotas de cada trabajador, así como dotar de mayor información a empresas y trabajadores, lo que incluye aspectos relativos a bonificaciones, exenciones o minoraciones de tipo. 

Así, la medida supondrá un ahorro anual de 63,4 millones de euros, ocasionado por la reducción en las cargas administrativas y una adecuada aplicación de bonificaciones o reducciones, a la vez que dotará a la Seguridad Social de 171,22 millones de euros, tras acabar con las cotizaciones inferiores a lo debido y la aplicación indebida, tanto en  exceso como en defecto, de las deducciones. 

Tras su paso por el Senado sólo se produce una modificación relevante, que emplaza al Ejecutivo a que, durante de dos años, estudie el alcance que la rectificación de las bases de cotización, inicialmente estimada por la Tesorería General de la Seguridad Social o por la , pudiera tener en las prestaciones.