El Grupo Socialista y el Grupo Popular han presentado dos proposiciones de ley de reforma de la LOTC, por las que se recupera el recurso previo de inconstitucionalidad de estatutos de autonomía.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado iniciar la tramitación de dos proposiciones de ley de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC), presentadas por el Grupo Socialista y por el Grupo Popular, por las que se recupera el recurso previo de inconstitucionalidad para los Proyectos de Ley Orgánica de Estatutos de Autonomía o su modificación.

La toma de consideración de la propuesta de ley del Grupo Socialistas ha sido aprobada con 288 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, y la presentada por el Grupo Popular, con 288 a favor, 42 en contra y 4 abstenciones.

En la proposición de ley del Grupo Popular, se argumenta esta iniciativa en que "los estatutos de autonomía deben estar sujetos a la Constitución como garantía de estabilidad y no fricción en la arquitectura jurídico-institucional del Estado".

En este sentido, el parecer del Consejo de Estado, en su informe sobre las reformas de la Constitución española emitido en 2006, apunta que el "control a posteriori tal vez no resulte el más adecuado para fuentes normativas que, como los Estatutos, subordinados a la Constitución, ocupan bajo ella el más elevado lugar en la jerarquía ordinamental. Para librarlos de la sospecha de inconstitucionalidad y, a fortiori, de la acusación explícita de incurrir en ella, podría considerarse la conveniencia de reintroducir el  recurso previo de inconstitucionalidad".

Argumenta, además, que el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía estaba incluido en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y se suprimió con la Ley Orgánica 4/1985, de 7 de junio.

De este modo, y con el objetivo de "evitar el cuestionamiento constitucional e institucional y vertebrar  con rigor jurídico y cohesión social el Estado", la proposición busca la modificación de dos preceptos de la LOTC. De una parte, propone incluir en su artículo 2 el control previo de constitucionalidad entre las funciones del Tribunal Constitucional en los casos previstos en la Constitución (tratados internacionales) y en la presente ley (estatutos de autonomía). 

Por otro lado, insta a incluir el artículo 79, que será el que regule el control previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía. Según este nuevo artículo, el recurso permitirá la impugnación del texto definitivo del proyecto de Estatuto o de la propuesta de reforma tras su tramitación en las dos Cámaras de las Cortes Generales. El procedimiento se regirá por lo previsto para los recursos de inconstitucionalidad aunque, por la naturaleza de este recurso, su plazo de interposición será de tres días.

Además, el nuevo articulado prevé la suspensión automática de la tramitación del proyecto de Estatuto una vez se interponga el recurso y su sentencia estimatoria impedirá continuar el procedimiento mientras las Cortes Generales no supriman o modifiquen los preceptos que se hayan declarado inconstitucionales. La propuesta del Grupo Popular determina la inaplicabilidad de este recurso a las reformas estatutarias que se encuentren en tramitación a su entrada en vigor.

En la proposición de ley del Grupo Socialista se argumenta la necesidad de introducir este recurso por el carácter institucional de los estatutos de autonomía como norma básica lo que "hace que su eventual declaración de inconstitucionalidad, una vez en vigor y desplegando todos sus efectos, pueda producir graves consecuencias tanto jurídicas como políticas y sociales".

En la exposición de motivos de esta iniciativa, el Grupo Socialista considera necesario garantizar el equilibrio entre la especial legitimidad entre estatutos de autonomía y el respeto de dicho texto al marco constitucional. Asimismo, apela a la necesidad de evitar el choque de legitimidades que implica que el texto aprobado sea declarado inconstitucional años más tarde.

El Grupo Socialista insta al establecimiento de un plazo de seis meses para que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso, lo que impedirá dilaciones indeseables en su resolución. La proposición de ley del Grupo Socialista contempla la entrada en vigor de esta iniciativa el día de su publicación en el BOE.