El anteproyecto entrará en vigor en marzo o abril, y establecerá el mandato del nuevo  "presidente independiente" con una duración de 5 años y las causas para justificar su cese estarán "muy acotadas".

Entre otras medidas, la normativa traspondrá las directivas europeas relativas a este particular, estableciendo un nuevo orden en la absorción de pérdidas de las entidades, por la que los depositantes minoritarios serán los últimos que soportarán estas pérdidas desde 2016. Además, se constituye el orden de prelación, por lo que los accionistas se situarán en primer lugar, seguidos por los acreedores de deuda junior, señor,  depositantes mayoristas,  depositantes de pymes y personas físicas y, por último, los depositantes minoritarios, con aportaciones inferiores a los 100.000 euros 

Por otro lado, los pasivos deberán absorber un 8% de las pérdidas que, al ser cubiertos,  conllevaría la inyección de aportaciones del fondo europeo hasta un 5% adicional y, si existe una necesidad superior al 13%, se harían nuevas quitas. 

Los bancos elaborarán, junto al Banco de España, programas de prevención en el caso de liquidación necesaria de la entidad, que “hará más fácil su resolución”, y de forma que garantice que tenga “suficientes pasivos que puedan absorber pérdidas fácilmente” 

Este nivel de pasivos que deberá tener cada entidad y que deberá incluirse en cada programa preventivo se fijará “banco a banco”. 

Además, se establecerá un fondo nacional de resolución que dotará al organismo europeo, de manera que en un plazo de ocho años esté completamente mutualizado. Así, en España operarán dos fondos, uno de resolución y otro de garantía de depósitos. El fondo de resolución estará dotado por los bancos con un volumen que al cabo de 10 años represente el 1% de los depósitos, mientras que el de garantía de depósitos supondrá el 0,8% (aunque Europa puede reducir este porcentaje hasta el 0,5%).