Última revisión
El Consejo Europeo ha adoptado nuevas normas sobre la protección de los denunciantes (whistleblower)
Sectores, como la contratación pública, los servicios financieros, el blanqueo de capitales, la seguridad de los productos y de los transportes, la seguridad nuclear, la salud pública, el consumo o la protección de datos se verán afectados desde 2021 por las normas sobre la protección de los denunciantes adoptadas el pasado 7 de octubre por el Consejo Europeo.
Tras el acuerdo entre las instituciones comunitarias del pasado marzo, el
Siguiendo con lo adelantado en "
- Cauces de denuncia seguros dentro de las propias organizaciones y en la comunicación con las autoridades públicas.
- La obligación de empresas públicas y privadas con más de 50 empleados de crear un procedimiento interno para gestionar las denuncias dentro de las mismas y mantener la confidencialidad de los implicados.
- La obligación de las administraciones nacionales de establecer canales de notificación externos e independientes, asociados a la posibilidad de uso por los denunciantes a su criterio. No obstante la norma lleva implícito un claro ánimo de fomentar la utilización en primer lugar los cauces internos de su organización antes de recurrir a los cauces externos delos poderes públicos.
- Medidas de apoyo y protección para los denunciantes: se establecen salvaguardias para proteger de represalias ?como la suspensión, la degradación o la intimidación? a los denunciantes. También están protegidas las personas que presten asistencia a los denunciantes, como sus compañeros de trabajo o sus familias. La Directiva incluye además una lista de todas las medidas de apoyo que se establecerán a favor de los denunciantes.
- Con el objeto de aportar seguridad jurídica, en un anexo de la Directiva se incluye una lista de todos los instrumentos legislativos de la UE contemplados. Los Estados miembros pueden ir más allá de la lista a la hora de aplicar la nueva normativa.
Siguientes pasos
la Directiva entrará en vigor una vez publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). Los Estados miembros tendrán dos años, a partir de la entrada en vigor, para transponer la directiva a la legislación nacional.
Fuente: Consejo Europeo / Consejo de la Unión Europea