El objetivo de la medida, cuya intención es que sea aprobada antes de finalizar el año, se enmarca en los fines de reinserción laboral de personas cuyo desempleo supera el período de un año y han agotado su prestación económica. Aunque el Ministerio de Empleo, patronal y sindicatos están de acuerdo, existen discrepancias en cuantía, vigencia y contexto de la misma, lo que podría retrasar su implantación.

Así, el Ejecutivo pretende que la duración de las ayudas se prolongue hasta el fin de la legislatura y con una percepción mensual de 399 euros, lo que supone el 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), y que se elevaría hasta los 453 euros en casos en los que los afectados cuenten con tres o más personas a su cargo, durante un período de seis meses. Según los datos manejados, 309.760 personas se verían beneficiadas por las ayudas, de las que 186.591 han agotado las prestaciones hace al menos un año, 1 123.169 se incorporarían en los próximos meses hasta la finalización del programa, previsto para diciembre de 2015.

No obstante, los sindicatos han solicitado que se eleve la cuantía y el período de percepción de la misma hasta los dos años, de modo que afectaría a un número mayor de desempleados y reduciría la cobertura contra el desempleo, que ha disminuido desde el 80% al 57% desde el año 2010 del paro registrado.

Por otro lado, la patronal solicita incentivos, puesto que la medida propone ayudas de acompañamiento que permita la incorporación al empleo unido a la percepción de una parte del salario como complemento, y pide que las empresas reciban compensaciones como por ejemplo, la cotización reducida o exención total hasta un año.

El programa afectaría a aquellos desempleados que hayan extinguido sus relaciones laborales por causas involuntarias, sin protección y hayan finalizado el programa Prepara, de recualificación, o la Renta Activa de Inserción hace más de un año y sin derecho a percibir salario social, renta mínima de inserción o ayudas análogas, carencia de rentas y con responsabilidades familiares; que durante el último año no hayan percibido económicamente derechos sociales y que hayan permanecido inscritos de forma ininterrumpida como demandantes de empleo.

Asimismo, los beneficiarios deberán suscribir compromisos de facilidad de reinserción a través de la Búsqueda Activa de Empleo (BAE) y acreditarlo ante los servicios públicos en el plazo de un mes desde la solicitud; participar en las acciones propuestas por los servicios de empleo y que formaran parte del Itinerario Personalizado de Inserción (IPI) elaborado con carácter previo; no rechazar ninguna oferta adecuada y acreditar el cumplimiento de esas condiciones durante el desarrollo del programa.