El Congreso de los Diputados constituye la Ponencia que elaborará el texto de la reforma para abordar el problema de los mutualistas

El martes 18 de noviembre de 2025 el Congreso de los Diputados ha constituido de la ponencia encargada de analizar la Proposición de Ley que permitirá a los mutualistas, hasta ahora adscritos a mutualidades alternativas, transferir sus derechos acumulados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Este hecho supone un hito en la reivindicación de miles de profesionales colegiados –especialmente abogados, ingenieros y arquitectos– que reclaman desde hace años acceder al sistema público de protección social para mejorar sus pensiones y su protección social, actualmente muy por debajo de las prestaciones medias del régimen general.

La iniciativa, impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista, parte de una Proposición de Ley presentada el pasado mayo, cuya tramitación fue admitida a trámite por el Pleno de la Cámara y que concluía su fase de enmiendas a finales de septiembre. Sin embargo, el proceso legislativo ha experimentado sucesivas dilaciones, motivadas en parte por discrepancias políticas entre los principales grupos sobre las condiciones concretas para habilitar el traspaso de derechos desde las mutualidades al RETA.

El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Javier Alfonso Cendón, destacó a través de la red social X (anteriormente Twitter) la importancia de este avance parlamentario subrayando que “supone un paso más para reforzar derechos, dotar de seguridad jurídica y avanzar hacia un sistema más justo y equilibrado”. El socialista aseguró, además, haber trasladado un firme compromiso al presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, para buscar el máximo consenso y aprobar la llamada “pasarela al RETA” antes de que termine el año.

Por su parte, el Partido Popular, mediante su portavoz de Justicia en el Congreso, María Jesús Moro, denunció días atrás el “bloqueo anómalo” en la tramitación de la ley y registró formalmente una solicitud para convocar con carácter inmediato la citada ponencia. La congresista del PP insistió en la urgencia de la medida y reclamó que el texto pase a analizarse en la Comisión de Trabajo sin más demoras.

Las diferencias entre los grupos parlamentarios no residen tanto en la oportunidad de la reforma —reconocida por todos— como en los detalles técnicos y jurídicos sobre la transición de los derechos pasados desde las mutualidades privadas al sistema público de autónomos, el RETA. Los partidos han presentado diversas enmiendas relativas a la garantía de la protección jurídica de los mutualistas, el cálculo de sus futuras prestaciones y la retroactividad de derechos. Pese a ello, el consenso generalizado reconoce la situación de vulnerabilidad de este colectivo profesional, algunos de cuyos miembros perciben actualmente pensiones de tan solo 400 o 500 euros al mes debido a la transición en el año 2005 de las mutualidades a un sistema de capitalización individual, muy próximo al funcionamiento de simples planes de pensiones privados.

Ante esta situación, diversas asociaciones de afectados –como el Movimiento J2, la Plataforma de Afectados por las Mutualidades (@plataformareta) y la Asociación de Afectados por la Mutualidad de la Abogacía (Anama)– han intensificado en las últimas semanas su presión sobre el Parlamento, reclamando que no se dilate más la aprobación de la pasarela al RETA. La demanda de estos colectivos, respaldada por el Consejo General de la Abogacía Española mediante una reciente declaración institucional, responde a un hecho demográfico inapelable: desde 2023, casi 5.000 colegiados han alcanzado la edad de jubilación, y en los próximos ejercicios serán varios miles más, quienes, de no definirse una solución legislativa ágil, podrían verse obligados a prolongar por tiempo indefinido su actividad profesional ante la insuficiencia de sus futuras pensiones.

El planteamiento que discute ahora la ponencia parlamentaria parte de la propuesta socialista, que permitiría a los mutualistas transferir los derechos económicos acumulados en sus mutualidades privadas hacia el sistema público autónomo, garantizándoles así una mejora sustantiva en su pensión de jubilación y demás coberturas sociales. El objetivo del texto legal es que todos los mutualistas puedan incorporarse al RETA antes del año 2027, convirtiendo así en universal la aplicación del sistema público de seguridad social para estos profesionales actualmente “excluidos de facto” de sus beneficios.

La tramitación de la ley, según establece el propio reglamento del Congreso, debería haberse completado en un plazo de quince días desde la presentación de las enmiendas, que finalizó el pasado 24 de septiembre. Sin embargo, la falta de acuerdo en la Comisión de Trabajo y las posiciones abiertas de cada partido han ido demorando la constitución y el inicio efectivo de los trabajos de la ponencia, situación que ha llevado a la portavoz popular a criticar la “falta de diligencia” y reclamar un calendario de trabajo claro y vinculante.

En últimas fechas, tanto desde el PSOE como desde el PP y otros grupos minoritarios, se ha insistido en que existe una “amplia voluntad política” para alcanzar una solución antes de que acabe el año, si bien las organizaciones profesionales implicadas y los propios mutualistas recuerdan que llevan años aguardando una reforma que consideran de “justicia elemental”.

La aprobación final de la pasarela al RETA dependerá ahora de los trabajos de la ponencia y del consenso que los diputados sean capaces de articular sobre los aspectos técnicos más controvertidos –especialmente el reconocimiento de años cotizados y el importe a consolidar en el nuevo régimen–, con el horizonte de garantizar a los mutualistas un tránsito seguro y justo hacia el sistema público de seguridad social.