El Consejo General de la Abogacía Española determina los criterios de honorarios para 2025

El pleno del Consejo General de la Abogacía española ha aprobado el viernes, 22 de noviembre de 2024, la creación de un equipo de trabajo para establecer criterios de honorarios y un procedimiento común de amparo colegial.

Así, el Consejo General de la Abogacía española ha dado un paso significativo hacia la modernización y estandarización del ejercicio del derecho, al aprobar la creación de un equipo de trabajo que se encargará de elaborar un modelo de criterios orientativos de honorarios para la tasación de costas y la jura de cuentas.

Esto se prevé que esté disponible para todos los colegios de abogados durante el primer trimestre del año 2025, lo que representa un cambio relevante en la forma en que se manejarán las cuestiones económicas en el ámbito de la justicia. El presidente de la Abogacía Española, Salvador González, explicó que la nueva legislación, la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, que entrará en vigor el 4 de diciembre de este año, exige a los colegios proporcionar a la ciudadanía criterios estimativos que permitan evaluar el impacto económico de emprender acciones legales, especialmente en el contexto de potenciales condenas en costas si los tribunales rechazan las demandas.

Esta medida busca dar transparencia y seguridad jurídica tanto a los profesionales del derecho como a los ciudadanos que se enfrentan a la justicia.

Entre los objetivos del equipo de trabajo se encuentra no solo la elaboración de estos criterios de honorarios, sino también la creación de un procedimiento común que facilite la tramitación de las solicitudes de amparo colegial.

Este procedimiento está destinado a aquellos abogados que se sientan «perturbados o presionados» en el ejercicio de sus funciones, un aspecto relevante que subraya la necesidad de proteger la independencia y autonomía profesional de los letrados.

González enfatizó la importancia de dotar a los abogados de herramientas que les permitan llevar a cabo su labor cotidiana de manera efectiva y sin obstáculos. Desde hace años, la existencia de criterios orientativos en los colegios de abogados ha sido una práctica habitual; sin embargo, esto se vio interrumpido por sanciones impuestas por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) a ciertas entidades por incumplimiento de normas de libertad de mercado.

Con la incorporación del artículo relevante en la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, que tuvo respuestas positivas desde el ámbito del Consejo General, se reconoce el derecho esencial de los ciudadanos a conocer las implicaciones económicas de sus acciones legales. Esto es un avance significativo en la defensa de los derechos ciudadanos. El Consejo General considera que la creación de estos criterios no solo proporcionará claridad y seguridad jurídica, sino que también evitará arbitrariedades en la determinación de costas que pueden variar de un juzgado a otro.

Además, estos criterios se espera que agilizasen los procesos de establecimiento y liquidación de los pagos derivados del cálculo de costas procesales, esto con miras a mejorar la eficiencia del sistema judicial en su conjunto.

El amparo colegial, que ya estaba contemplado en el Estatuto General de la Abogacía de 2021, adquiere ahora una mayor fuerza legal gracias a su establecimiento mandatorio en la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre.

Este cambio faculta al Consejo General y a los colegios de abogados para desarrollar la normativa que regule este aspecto, asegurando así una mayor protección para los profesionales del derecho.

En conclusión, la aprobación de la creación de un equipo de trabajo para determinar criterios orientativos de honorarios y un procedimiento de amparo refleja un firme compromiso del Consejo General de la Abogacía Española con la mejora del ejercicio profesional y la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, se espera que estas nuevas herramientas legales ofrezcan tanto a abogados como a su clientela una mayor seguridad y autonomía en el ejercicio de la justicia, fortaleciendo la relación entre el sistema judicial y la ciudadanía.

Fuente: Consejo General de la Abogacía Española