El Consejo de la Unión Europea renueva las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros

El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado el 7 de noviembre de 2025 la Decisión (UE) 2025/2254 del Consejo de la Unión Europea, de 27 de octubre de 2025, mediante la cual se mantienen las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros para el año 2025. La decisión, adoptada en Luxemburgo y refrendada por el presidente J. Jensen, constituye el marco principal que guiará las reformas y actuaciones en materia de empleo, formación y cohesión social en los países comunitarios durante el próximo año, integrando aspectos clave para afrontar los desafíos del mercado laboral europeo en un contexto internacional complejo.

Consolidación de políticas ante retos inmediatos y estructurales

La decisión parte del reconocimiento de que la Unión Europea y sus Estados miembros se encuentran ante una transformación estructural profunda, marcada por retos demográficos, el conflicto en Ucrania, las transiciones ecológica y digital, y las nuevas exigencias de competitividad global. En este sentido, el Consejo ha optado por prorrogar las orientaciones contenidas en la anterior Decisión (UE) 2024/3134, ratificando su validez y aplicabilidad para 2025, en virtud de lo previsto en los artículos 145 y 148 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Estas orientaciones constituyen, junto con las recomendaciones económicas de la Comisión y otras normativas europeas, la base del denominado paquete de “orientaciones integradas”, con las que se pretende garantizar el desarrollo de mercados laborales resilientes, inclusivos y preparados para el futuro. Los Estados miembros deberán tener en cuenta estas orientaciones en la definición de sus políticas de empleo y reformas.

Un enfoque integral para el crecimiento económico, el empleo y la justicia social

El texto pone especial énfasis en la necesidad de avanzar hacia una economía que combine el progreso social, la sostenibilidad medioambiental y la innovación tecnológica. Entre los objetivos centrales destacan:

• El fomento de una mano de obra cualificada y adaptada al cambio, con especial atención a la escasez de capacidades y a la promoción de empleos de calidad;
• La reducción de la exclusión social y la discriminación, promoviendo la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad intergeneracional y la protección de los derechos del niño;
• La mejora de la educación y formación, orientada al aprendizaje permanente, las capacidades digitales y ecológicas, y el impulso de disciplinas CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) entre jóvenes y mujeres.

Asimismo, los Estados miembros están llamados a garantizar la cohesión económica y social, la lucha contra la pobreza y la convergencia socioeconómica al alza, reforzando la coordinación de políticas a través de iniciativas como el Semestre Europeo, una herramienta esencial de seguimiento y gobernanza económica y social en la UE.

Transiciones ecológica y digital: prioridad en la agenda laboral europea

Uno de los mensajes clave de estas orientaciones es el refuerzo de las políticas que apoyan la doble transición ecológica y digital, previendo su impacto en la estructura productiva, la configuración de los puestos de trabajo y la formación necesaria para cubrir nuevas demandas. El Consejo destaca la importancia del desarrollo de capacidades ecológicas y digitales, particularmente en regiones remotas y menos desarrolladas, y promueve la movilidad justa de trabajadores y estudiantes dentro de la UE, así como la captación y retención de talento externo.

Además, se subraya la necesidad de fortalecer los vínculos entre los sistemas de educación y formación y el mercado laboral, reconociendo no solo la educación formal, sino también los conocimientos y competencias adquiridas por vía no formal e informal.

Diálogo social, reformas laborales y protección social

El texto ratifica el papel del diálogo social y la participación activa de los interlocutores sociales en la definición, aplicación y evaluación de las políticas de empleo. Las reformas del mercado laboral deberán considerar las prácticas nacionales de negociación colectiva, la autonomía de los interlocutores sociales y procurar salarios justos que aseguren un nivel de vida digno, también en la jubilación.

Se insiste, asimismo, en la importancia de combatir la discriminación y promover la igualdad de género, el acceso de los jóvenes y grupos infrarrepresentados al mercado laboral, y la integración de las personas con discapacidad y de la población gitana. El acceso a una vivienda asequible, la promoción de políticas activas de empleo, la mejora de las condiciones de trabajo y la garantía de salud y seguridad laborales son retos transversales recogidos en la decisión.

Respuesta coordinada ante las crisis geopolíticas y el cambio estructural

A raíz de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, el Consejo recuerda las medidas de protección temporal otorgadas a los desplazados ucranianos, así como la necesidad de facilitar su integración laboral y el reconocimiento de sus cualificaciones. Esta solidaridad viene acompañada de la recomendación de incentivar el papel de los interlocutores sociales en la preservación del empleo y de la productividad ante los efectos adversos de los conflictos y la volatilidad global.

En paralelo, la decisión destaca el apoyo financiero de instrumentos como el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y los diversos fondos comunitarios (FSE+, Fondo de Cohesión, Fondo Social para el Clima, Fondo de Transición Justa, entre otros), que respaldan la ejecución de las reformas y el impulso al empleo de calidad.

Evaluación y seguimiento: objetivos hacia 2030

La aplicación y evolución de estas políticas será objeto de análisis a través del Informe Conjunto sobre el Empleo y el cuadro de indicadores sociales asociados al Pilar Europeo de Derechos Sociales. Este seguimiento se orienta a los grandes objetivos de la UE para 2030: una tasa de empleo del 78% entre la población de 20 a 64 años, al menos un 60% de adultos participando en formación anual, y la reducción de por lo menos 15 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, incluidos cinco millones de niños.

En línea con lo acordado en la Cumbre Social de Oporto y la Agenda Estratégica del Consejo Europeo, se exhorta a los Estados miembros a fijar objetivos nacionales acordes con su punto de partida y a cooperar activamente en la consecución de los fines comunes.