El DOUE publica las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros

Se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión (UE) 2024/3134 del Consejo, de 2 de diciembre de 2024, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros. El objetivo es que los Estados miembros y la Unión Europea desarrollen «(...) una estrategia coordinada para el empleo y en particular para el fomento de una mano de obra cualificada, formada y capaz de adaptarse, así como de mercados de trabajo inclusivos, resilientes, orientados al futuro y con capacidad de respuesta al cambio económico, con vistas a lograr los objetivos de pleno empleo y progreso social, crecimiento económico equilibrado y un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente establecidos en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE)». 

Como concreta el texto publicado, los Estados miembros deben considerar el fomento del empleo un asunto de interés común y han de coordinar su acción al respecto en el seno del Consejo, teniendo en cuenta las prácticas nacionales relativas a las responsabilidades de los interlocutores sociales.

En esta ocasión, la Decisión para 2024 contiene la siguientes orientaciones:

Orientación n.º 5: Impulsar la demanda de mano de obra.

Los Estados miembros deben promover una economía social de mercado sostenible y facilitar la inversión en la creación de empleos de calidad, aprovechando las transiciones ecológica y digital. Para ello, deben reducir las trabas para contratar, fomentar el espíritu emprendedor y apoyar a las microempresas, pequeñas y medianas empresas, facilitando el acceso a la financiación y aprovechando la economía circular. También deben promover el desarrollo de la economía social y la innovación social, y apoyar la reestructuración y reasignación de mano de obra para aumentar la productividad y competitividad. Es importante diseñar bien los regímenes de reducción del tiempo de trabajo y las disposiciones similares para reforzar la resiliencia económica. Además, deben aplicarse incentivos a la contratación y medidas de perfeccionamiento y reciclaje profesional, desarrolladas en cooperación con los interlocutores sociales, para apoyar la creación de empleo de calidad y abordar la escasez de mano de obra y capacidades. La fiscalidad debe desplazarse del trabajo a otras fuentes que favorezcan el empleo y el crecimiento, protegiendo al mismo tiempo los ingresos y la protección social. Los Estados miembros deben promover la negociación colectiva para la fijación de salarios y garantizar una participación efectiva de los interlocutores sociales, asegurando salarios justos y adecuados que permitan un nivel de vida digno y refuercen la convergencia socioeconómica.

Orientación n.º 6: Aumentar la oferta de trabajo y mejorar el acceso al empleo, la adquisición de capacidades a lo largo de la vida y las competencias.

En el contexto de las transiciones digital y ecológica, el cambio demográfico y la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, los Estados miembros deben promover la sostenibilidad, productividad, competitividad, empleabilidad, inclusividad y desarrollo del capital humano. Deben modernizar e invertir en sus sistemas de educación y formación para ofrecer una educación inclusiva y de alta calidad, mejorar los resultados educativos y la oferta de oportunidades para desarrollar capacidades y competencias necesarias para las transiciones ecológica y digital. Es crucial colaborar con los interlocutores sociales, proveedores de educación y formación, empresas y otras partes interesadas para abordar las deficiencias estructurales de los sistemas de educación y formación. Debe prestarse especial atención a los retos relacionados con el rendimiento educativo de los jóvenes y la profesión docente, mejorando su atractivo y combatiendo la escasez de profesores. Los sistemas de educación y formación deben dotar a todos los alumnos de competencias clave y fomentar el pensamiento crítico. Los Estados miembros deben ayudar a los adultos en edad de trabajar a acceder a la formación y aumentar los incentivos para buscar formación, utilizando microcredenciales para apoyar el aprendizaje permanente y la empleabilidad. Deben fomentar la igualdad de oportunidades, abordar las desigualdades en los sistemas de educación y formación, y apoyar la transición de la educación al empleo para los jóvenes. Además, deben eliminar los obstáculos a la participación en el mercado de trabajo, promover salarios adecuados y condiciones de trabajo justas, y apoyar la adaptación del entorno de trabajo para las personas con discapacidad. Es necesario abordar la brecha salarial y de empleo entre hombres y mujeres, garantizar la igualdad de retribución y fomentar la conciliación de la vida laboral, familiar y privada.

Orientación n.º 7: Mejorar el funcionamiento de los mercados laborales y la eficacia del diálogo social.

Los Estados miembros deben colaborar con los interlocutores sociales para garantizar condiciones de trabajo justas, transparentes y predecibles, equilibrando derechos y obligaciones. Es esencial reducir y prevenir la segmentación de los mercados laborales, combatir el trabajo no declarado y los falsos autónomos, y fomentar la transición hacia empleos indefinidos. Las normas de protección del empleo, la legislación laboral y las instituciones deben crear un entorno que favorezca la contratación y la flexibilidad necesaria para que los empleadores se adapten rápidamente a los cambios económicos, protegiendo al mismo tiempo los derechos laborales y garantizando la protección social, la seguridad y la salud en el trabajo.

La promoción de fórmulas de trabajo flexibles, como el teletrabajo, puede aumentar los niveles de empleo y hacer los mercados laborales más inclusivos. Los Estados miembros deben apoyar la transformación digital, promoviendo el uso de herramientas éticas y fiables de inteligencia artificial (IA), mejorando las capacidades y el reciclaje profesional de los trabajadores, y ofreciendo incentivos para que las empresas desarrollen tecnologías que aumenten la productividad y complementen la mano de obra humana.

Es crucial garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores en relación con las condiciones de trabajo, la salud mental y el equilibrio entre la vida profesional y privada, especialmente en el contexto del cambio climático y la transformación digital. Deben evitarse las relaciones laborales precarias, garantizando la equidad, transparencia y rendición de cuentas en el uso de algoritmos, y combatiendo el abuso de contratos atípicos. Se debe asegurar el acceso a una resolución de litigios efectiva e imparcial y el derecho a reparación en caso de despido injustificado.

Las políticas deben mejorar la participación en el mercado laboral, especialmente para los grupos infrarrepresentados y vulnerables, como mujeres, jóvenes, personas poco cualificadas, desempleados de larga duración, personas con discapacidad, migrantes, comunidades gitanas marginadas y trabajadores de más edad. Los Estados miembros deben reforzar las políticas activas del mercado de trabajo, ampliando su alcance y mejorando su interacción con los servicios sociales, la formación y las ayudas económicas a los desempleados.

Es fundamental proporcionar prestaciones de desempleo adecuadas y de duración razonable, que no desincentiven la vuelta al empleo, acompañadas de políticas activas del mercado de trabajo. La movilidad de estudiantes, aprendices y trabajadores debe incrementarse y apoyarse adecuadamente, especialmente para aquellos con menos experiencias de movilidad, mejorando sus capacidades y empleabilidad, y contribuyendo a la competitividad de la UE.

Los Estados miembros deben garantizar condiciones justas y dignas para los trabajadores transfronterizos, temporeros y desplazados, evitando la discriminación y garantizando la igualdad de trato. Deben estimular las vías de migración legal y establecer políticas de integración eficaces para los trabajadores y sus familias.

Finalmente, los Estados miembros deben crear condiciones adecuadas para las nuevas formas de trabajo, garantizando el cumplimiento de los derechos sociales existentes, y proporcionar asesoramiento sobre los derechos y obligaciones en el contexto de contratos atípicos y nuevas formas de trabajo. Es fundamental fomentar la democracia en el trabajo y garantizar un entorno propicio para el diálogo social bipartito y tripartito, promoviendo la negociación colectiva y la participación de los interlocutores sociales en el diseño y aplicación de políticas de empleo y sociales.

Orientación n.º 8: Promover la igualdad de oportunidades para todos, fomentar la integración social y combatir la pobreza.

Los Estados miembros deben promover mercados laborales inclusivos y accesibles para todos, implementando medidas eficaces para eliminar todas las formas de discriminación y garantizar la igualdad de oportunidades, especialmente para los grupos infrarrepresentados en el mercado laboral. Esto incluye garantizar la igualdad de trato en el empleo, la asistencia a los solicitantes de empleo, la protección social, la asistencia sanitaria, la educación y el cuidado infantil, los cuidados de larga duración, y el acceso a bienes y servicios, incluida la vivienda, sin importar el género, origen étnico o racial, religión, discapacidad, edad u orientación sexual.

Además, los Estados miembros deben modernizar los sistemas de protección social para ofrecer una protección adecuada, eficaz, eficiente y sostenible a lo largo de todas las etapas de la vida. Esto implica fomentar la inclusión y la ascensión social, incentivar la participación en el mercado laboral, apoyar la inversión social, combatir la pobreza y la exclusión social, y abordar las desigualdades mediante el diseño de sistemas fiscales y de prestaciones y la evaluación del efecto distributivo de las políticas. La modernización también debe mejorar la resiliencia de los sistemas de protección social frente a desafíos multifacéticos, prestando especial atención a los hogares vulnerables afectados por las transiciones ecológica y digital y el aumento del coste de la vida, especialmente en vivienda y energía.

Los Estados miembros deben desarrollar e integrar los tres aspectos de la inclusión activa: apoyo a la renta adecuado, mercados de trabajo inclusivos y acceso a servicios de capacitación de calidad. Los sistemas de protección social deben garantizar prestaciones de renta mínima adecuadas para quienes carezcan de recursos suficientes y promover la inclusión social mediante la participación activa en el mercado laboral y la sociedad, incluyendo servicios sociales específicos. La disponibilidad de vivienda asequible y accesible y servicios de calidad, como atención y educación infantil, asistencia extraescolar, educación, formación, servicios sanitarios y cuidados de larga duración, es esencial para garantizar la igualdad de oportunidades.

En línea con los objetivos de la Unión y nacionales para 2030 en materia de reducción de la pobreza, se debe prestar especial atención a la lucha contra la pobreza y la exclusión social, incluida la pobreza laboral. La pobreza y la exclusión infantil deben abordarse con medidas integradas, incluyendo la plena aplicación de la Garantía Infantil Europea. Los Estados miembros deben garantizar el acceso a servicios básicos de buena calidad para todos, incluidos los niños, y proporcionar acceso a una vivienda adecuada y asequible para aquellos en situación de vulnerabilidad, como la vivienda social o ayudas a la vivienda. También deben garantizar una transición energética limpia y justa y abordar la pobreza energética mediante medidas de apoyo específicas para los hogares vulnerables.

Finalmente, los Estados miembros deben garantizar un acceso oportuno a una asistencia sanitaria asequible, preventiva y curativa, y a cuidados de larga duración de alta calidad, preservando la sostenibilidad a largo plazo. En el contexto de una creciente demanda de cuidados de larga duración vinculada a los cambios demográficos, deben abordarse las lagunas en la adecuación, la escasez de mano de obra y las malas condiciones de trabajo. Ante la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, los Estados miembros deben seguir ofreciendo protección adecuada a las personas desplazadas de Ucrania, asegurando el acceso de los menores desplazados a educación y otros servicios esenciales. En un contexto de creciente longevidad y cambio demográfico, los Estados miembros deben garantizar que los regímenes de pensiones sean adecuados y sostenibles, ofreciendo igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en la adquisición de derechos de pensión y promoviendo un envejecimiento activo y saludable.