El nuevo RD-ley 11/2025, de 21 de octubre, refuerza la protección a personas con ELA y alta dependencia

La publicación en el BOE de hoy del nuevo Real Decreto-ley 11/2025, de 21 de octubre, tiene como objetivo principal cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley 3/2024, de 30 de octubre, orientada a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades de alta complejidad y evolución irreversible.

Nuevo grado para la dependencia extrema: Grado III+

La principal novedad del Real Decreto-ley es la creación del Grado III+ de dependencia extrema. Esta nueva tipología dentro del sistema de valoración de la dependencia responde a las necesidades específicas de personas diagnosticadas con ELA en fases avanzadas y de quienes padecen otras patologías de alta complejidad e irreversibilidad. El Grado III+ reconoce una dependencia absoluta para las actividades básicas de la vida diaria, añadiendo la asistencia derivada de complicaciones respiratorias y problemas de deglución (disfagia) que suelen afectar de forma determinante a estos pacientes.

La aprobación de este grado implica una protección reforzada: las personas incluidas accederán a una prestación económica mensual de 4.930 euros, cuantía que solo podrá destinarse a servicios de ayuda a domicilio o asistencia personal especializada. Con ello se pretende garantizar la continuidad de los cuidados y el acompañamiento profesional las 24 horas del día, un aspecto fundamental para evitar riesgos vitales en una población especialmente vulnerable.

Fuerte impulso presupuestario para dependientes de máxima gravedad

Para habilitar el desarrollo y aplicación de estas medidas, en el apartado 1 del art. 4 del RD-ley 11/2025, de 21 de octubre, se contempla destinar al IMSERSO los siguientes suplementos de crédito:

• Una inyección económica de 379 millones de euros para financiar el nivel mínimo de protección.
• Una dotación extraordinaria de 121 millones para el nivel convenido en dependencia (SAAD).

Como resultado, la aportación global de la Administración General del Estado al SAAD en el ejercicio 2025 alcanzará los 904 millones de euros.

Este incremento presupuestario responde a la urgente necesidad de garantizar una atención profesional, continua y especializada, motivo que ha fundamentado la vía extraordinaria del real decreto-ley amparándose en razones de extraordinaria y urgente necesidad, ya que la demora en la implementación, según el legislador, podría conllevar fatales consecuencias para los afectados y sus entornos familiares.

Cambios legales y adaptación del marco normativo

La nueva norma lleva aparejadas diversas modificaciones legislativas y reglamentarias para asegurar la eficacia de las medidas. Destaca la inclusión de una disposición adicional decimoséptima en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, para establecer el régimen jurídico de las personas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2024, de 30 de octubre. Asimismo, se modifica la Ley de Presupuestos Generales del Estado para establecer de forma específica la cuantía del nivel mínimo de protección para el Grado III+, asegurando seguridad jurídica para quienes acceden a esta protección reforzada.

Paralelamente, el RD 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del SAAD, es modificado para actualizar hasta los 9.859 euros las cuantías máximas de las prestaciones económicas vinculadas a los servicios de ayuda domiciliaria y asistencia personal para dependientes incluidos en el nuevo grado.

Régimen transitorio y coordinado con nuevas subvenciones

La normativa incluye también una disposición transitoria clave que regula la compatibilidad del nuevo RD-ley con el RD 667/2025, de 22 de julio, que establece la concesión directa de una subvención al Consorcio Nacional de Entidades de ELA (ConELA), enfocada a la mejora de la calidad de vida de personas con ELA en fases avanzadas. Según lo aprobado, los gastos subvencionables para servicios domiciliarios dejarán de estar cubiertos por la nueva subvención en cuanto los afectados comiencen a recibir las nuevas prestaciones económicas del Grado III+, asegurando así la no duplicidad de ayudas públicas y garantizando la gestión eficiente de los recursos.

Urgencia y principios rectores de la iniciativa

La tramitación de esta norma por la vía de urgencia se justifica por la grave situación a la que se enfrentan las personas con enfermedades neurodegenerativas y de curso irreversible, cuya evolución súbita desencadena una gran vulnerabilidad. El propio texto legal subraya la necesidad de evitar cualquier retraso que podría traducirse en resultados irreparables para la calidad de vida de los afectados y sus familias.

Esta nueva regulación se guía por los principios de equidad, justicia social y atención prioritaria a los más vulnerables, elementos consustanciales al Estado del Bienestar. Además, se aplican los principios de buena regulación previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, asegurando la necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. La norma, por tanto, no solo supone una mejora de los derechos y recursos, sino también una simplificación administrativa en la tramitación de expedientes, facilitando el acceso ágil de las personas dependientes a las nuevas ayudas.