El Supremo niega cesión ilegal entre Intermezzo y el Teatro Real

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en su STS n.º 181/2026, de 24 de febrero de 2026, ECLI:ES:TS:2026:976, resuelve un recurso de casación para la unificación de doctrina sobre la posible existencia de cesión ilegal de trabajadores entre la Asociación Intermezzo Programaciones Musicales y la Fundación del Teatro Real.

La resolución estima los recursos de ambas entidades, casa parcialmente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y confirma el criterio del Juzgado de lo Social, al concluir que no concurre cesión ilegal en los términos del artículo 43.2 del Estatuto de los Trabajadores.

El fallo precisa cómo debe aplicarse el artículo 43.2 del ET cuando la prestación de servicios se desarrolla en una actividad artística externalizada. El Supremo recuerda que la clave no está solo en que el trabajo se preste en las instalaciones de la empresa principal o en que esta marque pautas artísticas, sino en comprobar si la contratista mantiene realmente la organización, dirección y control laboral de sus trabajadores.

La sentencia subraya que no hay cesión ilegal cuando la contratista no se limita a aportar mano de obra, sino que pone en juego una organización propia, una actividad estable y funciones empresariales efectivas, aunque la empresa principal supervise el resultado artístico y exija determinados estándares de calidad.

Antecedentes del caso

El litigio parte de la reclamación de un trabajador que prestaba servicios como tenor para la Asociación Intermezzo desde el 16 de agosto de 2010, integrado en el coro titular del Teatro Real. El Juzgado de lo Social n.º 5 de Madrid desestimó inicialmente la demanda.

Posteriormente, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó esa decisión y declaró la existencia de cesión ilegal, reconociendo el derecho del trabajador a integrarse como personal indefinido no fijo en la Fundación del Teatro Real, con antigüedad desde 2010.

Frente a ese criterio recurrieron en unificación de doctrina tanto la Fundación del Teatro Real como la Asociación Intermezzo, sosteniendo que la relación respondía a una contrata lícita de servicios escénicos y musicales y no a una mera puesta a disposición de personal.

Qué criterios aplica el Supremo sobre el artículo 43.2 del ET

El Tribunal Supremo recuerda que, conforme al artículo 43.2 del Estatuto de los Trabajadores, existe cesión ilegal, entre otros supuestos, cuando el contrato de servicios se limita a una mera puesta a disposición de trabajadores, cuando la cedente carece de actividad u organización propia y estable, cuando no dispone de medios necesarios o cuando no ejerce las funciones inherentes a su condición de empresario.

Sobre esa base, la Sala insiste en que el análisis debe hacerse caso por caso, valorando si la contratista conserva el poder de dirección laboral y asume un verdadero riesgo empresarial. También distingue entre el control del resultado del servicio por parte de la empresa principal y el ejercicio del poder empresarial sobre los trabajadores, diferencia que considera especialmente relevante en actividades artísticas.

Los argumentos decisivos para negar la cesión ilegal

Para el Supremo, los hechos probados muestran que Intermezzo actúa como verdadera empleadora. La asociación selecciona a los cantantes, los contrata, abona los salarios, gestiona altas y bajas, controla horarios mediante registros, tramita incidencias laborales, ejerce el poder disciplinario, elabora el plan de prevención de riesgos e imparte formación.

La sentencia también destaca que Intermezzo opera en el mercado musical desde al menos 2004 y presta servicios para otras instituciones, además del Teatro Real, lo que refuerza la existencia de una actividad propia y estable.

Junto a ello, el Tribunal valora que la contratista aporta elementos organizativos relevantes en la ejecución de la contrata: suministra partituras, cuenta con personal de coordinación, gestiona desplazamientos y asume determinadas necesidades de cobertura y organización del coro.

Frente a ello, el hecho de que los ensayos y representaciones se desarrollen en el Teatro Real, o de que la dirección artística, musical o escénica de las producciones corresponda a personal de la Fundación, no basta por sí solo para apreciar cesión ilegal. Según la Sala, en este contexto esas intervenciones responden al control de calidad artística y a la coordinación técnica propia del espectáculo, no al ejercicio del poder laboral sobre los integrantes del coro.

Fallo y efecto práctico

El Tribunal Supremo estima los recursos, casa y anula parcialmente la sentencia del TSJ de Madrid y, al resolver el debate en suplicación, desestima íntegramente el recurso del trabajador y confirma la sentencia del Juzgado de lo Social que había rechazado la existencia de cesión ilegal.

En términos prácticos, la resolución refuerza la idea de que en las contratas especializadas no existe cesión ilegal por el solo hecho de que la empresa principal fije la programación, supervise el resultado o imponga criterios de calidad. Lo decisivo seguirá siendo si la contratista conserva una estructura empresarial real y el poder de dirección laboral sobre su plantilla.