El Supremo perfila el resarcimiento de daños por el cártel de los sobres

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en la sentencia n.º 807/2026, de 27 de mayo, ECLI:ES:TS:2026:2280, resuelve los recursos interpuestos en un litigio de reclamación de daños derivado del denominado cártel de los sobres y fija varios criterios relevantes sobre prescripción, prueba del daño, estimación judicial e indemnización.

La relevancia de la resolución radica en que el Alto Tribunal consolida su posición sobre cómo deben resarcirse los perjuicios causados por el cártel declarado por la entonces Comisión Nacional de la Competencia en el expediente S/0316/10, relativo al mercado del sobre de papel. La sentencia precisa, además, cuándo existe daño indemnizable en relación con las subvenciones electorales y cómo debe calcularse el sobreprecio.

Qué fue el llamado cártel de los sobres

La sentencia parte de la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de 25 de marzo de 2013, firme en sede contencioso-administrativa, que declaró una infracción única y continuada del art. 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y del art. 101 TFUE desde 1977 hasta 2010.

Según recoge el Tribunal Supremo, se trató de un cártel de fijación de precios y reparto de clientes en el mercado español del sobre de papel. La resolución administrativa describía, entre otras conductas, acuerdos para repartirse licitaciones de sobres electorales, reparto de grandes clientes públicos y privados, fijación de precios en determinados segmentos y acuerdos para limitar el desarrollo técnico del sector.

El Supremo resume que la autoridad de competencia apreció que estas prácticas falsearon de forma significativa la competencia durante más de treinta años y afectaron tanto a Administraciones públicas como a otros compradores de sobres.

Antecedentes del litigio

La demanda reclamaba daños por las compras de sobres electorales efectuadas durante distintos procesos electorales. En primera instancia la demanda fue desestimada por prescripción, pero la Audiencia Provincial de Barcelona revocó esa decisión y estimó parcialmente la pretensión, dejando la cuantificación para ejecución de sentencia conforme a determinadas bases.

Contra esa sentencia recurrieron ambas partes. El Tribunal Supremo examina tanto las objeciones procesales como las cuestiones de fondo relativas al cálculo del daño y al alcance del resarcimiento.

La posición del Supremo sobre la prescripción

El Tribunal descarta que la acción estuviera prescrita. Reitera que, en este tipo de acciones consecutivas de daños por infracción del Derecho de la competencia, el plazo no puede empezar a correr antes de que el perjudicado tenga conocimiento, real o potencial, de los elementos necesarios para ejercitar su acción.

Trasladado a este caso, la Sala entiende que el cómputo no debía iniciarse mientras la resolución sancionadora no fuera firme cuando esta había sido impugnada. Por ello, considera que la acción no estaba prescrita al tiempo de presentarse la demanda.

Estimación judicial del daño y dificultad probatoria

La sentencia rechaza que la utilización de la estimación judicial del daño cause indefensión o suponga una infracción procesal. El Supremo insiste en que, en litigios de competencia como este, la cuantificación del perjuicio presenta especiales dificultades y el tribunal puede acudir a una valoración estimativa siempre que la motive de forma razonable.

La Sala avala, por tanto, que la Audiencia Provincial acudiera a un método estimativo para fijar el sobreprecio, apoyándose en datos objetivos contenidos en la resolución de la autoridad de competencia y en otros elementos de comparación.

Subvenciones electorales: cuándo hay daño indemnizable

Uno de los puntos centrales del fallo es la relación entre el sobreprecio y las subvenciones electorales. El Tribunal Supremo distingue entre los supuestos en que la subvención específica para el envío de sobres cubre íntegramente el gasto y aquellos en que solo lo cubre de forma parcial.

Si la subvención finalista cubrió el 100% del gasto de adquisición de sobres electorales, la Sala entiende que no existe daño resarcible en esa medida, al haber sido repercutido íntegramente a la Administración competente.

En cambio, si la subvención específica no cubrió la totalidad del gasto, sí existe daño indemnizable por la parte no cubierta. Y aquí el Supremo corrige el criterio de equiparar los casos en que la cobertura superaba el 90% a aquellos en que alcanzaba el 100%.

La Sala afirma expresamente que un daño de menor cuantía no equivale a ausencia de daño. Por ello, cuando la subvención finalista no alcance el 100%, el sobreprecio deberá calcularse aplicando el 20% al importe no cubierto por dicha subvención, ya sea el 1%, el 9%, el 30% o cualquier otro porcentaje pendiente.

Otros criterios confirmados por la Sala

El Supremo también avala que, en este ámbito, pueda utilizarse la capitalización compuesta del interés legal como fórmula apta para lograr el pleno resarcimiento del daño, en la medida en que tenga en cuenta la depreciación monetaria y la pérdida de oportunidad derivada del tiempo transcurrido.

Asimismo, rechaza las objeciones formuladas frente a la condena al pago de intereses y mantiene que, una vez reconocido el derecho al resarcimiento y dada la dificultad objetiva de cuantificación, no procede excluirlos por el mero hecho de que la suma finalmente concedida no coincida exactamente con la reclamada.