El Supremo recuerda la diferencia entre detención ilegal y coacciones

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en su sentencia n.º 311/2026, de 29 de abril, ECLI:ES:TS:2026:1867, examina la diferencia entre el delito de detención ilegal y el de coacciones.

La resolución es relevante porque explica un punto que suele generar dudas: no toda inmovilización o persecución es una coacción. Cuando la conducta va dirigida a privar a la víctima de su libertad de movimientos e introducirla contra su voluntad en un vehículo para trasladarla, el tipo aplicable puede ser el de detención ilegal, aunque la acción no llegue a consumarse.

Antecedentes del caso

Los hechos probados sitúan lo ocurrido sobre las 17:00 horas del 16 de abril de 2014, en Santa Cruz de Tenerife. Tres personas, puestas de acuerdo, se dirigieron al lugar donde caminaba una menor. Dos iban a pie y una tercera conducía un vehículo.

Según la sentencia, uno de ellos gritó al otro «cógela, cógela», mientras otro corría hacia la menor y el conductor realizaba una maniobra brusca con el coche, colocándolo a su altura. La menor salió corriendo y logró refugiarse en una ferretería cercana, frustrándose así el plan. La Audiencia Provincial condenó a los tres acusados como coautores de un delito intentado de detención ilegal.

Por qué no son simples coacciones

Uno de los recurrentes defendía que, en su caso, los hechos debían calificarse como coacciones del artículo 172 del Código Penal y no como detención ilegal del artículo 163. El Tribunal Supremo rechaza ese planteamiento.

La Sala recuerda que las coacciones encajan mejor en supuestos de impedimento momentáneo o de imposición puntual de una conducta: por ejemplo, bloquear el paso a una persona o forzarla brevemente a dirigirse a un lugar al que no quiere ir. En cambio, la detención ilegal se caracteriza por una privación material de la libertad deambulatoria.

El Supremo subraya que este delito se consuma en cuanto la persona afectada queda imposibilitada para decidir libremente su movimiento, incluso si esa privación dura solo un lapso mínimo. Y añade que, en este asunto, la finalidad no era una mera imposición pasajera, sino alcanzar a la menor, introducirla en el vehículo contra su voluntad y trasladarla, privándola de libertad de forma estable.

La intención de meter a la víctima en el coche fue decisiva

Para el alto tribunal, el dato clave está en el ánimo con el que actuaron los acusados, que los hechos probados describen como el de obligar a la menor a acompañarles. A partir de ahí, la Sala entiende que no se trataba de una actuación fugaz o accesoria, sino de una conducta orientada a una verdadera privación de libertad.

La sentencia destaca además que la maniobra del vehículo y la actuación coordinada de los tres acusados reforzaban esa conclusión. El conductor, según se recoge, se colocó de forma precipitada a la altura del lugar donde sus compañeros intentaban alcanzar a la menor, lo que encajaba con la idea de introducirla en el coche y marcharse rápidamente.

Así, el TS recuerda que: «(...) este Tribunal Supremo en innumerables ocasiones ha señalado que una privación de libertad apenas instantánea o de mínima duración cometida instrumentalmente para la ejecución de un delito distinto (por ejemplo, se impide a una persona continuar su camino durante unos breves momentos con el propósito de robarla) no se alcanza para integrar la situación de encierro o detención a la que se refiere el tipo penal contenido en el artículo 163 del Código Penal. Tampoco aquellas situaciones, igualmente de escasa duración, en las que el objeto de la privación mínima de la libertad de movimientos se orienta a imponer alguna conducta a la que la víctima tiene derecho o que no le puede ser lícitamente impedida (por ejemplo, se le bloquea el paso o se le fuerza momentáneamente a dirigirse hacia dónde no quiere). Sin embargo, como recientemente ha recordado nuestro auto de fecha 4 de diciembre de 2025: "Hemos mantenido en la STS 376/2017, 24 de mayo, que «el delito de detención ilegal se caracteriza, en el intento de deslindarlo del de coacciones, por la privación material de la libertad deambulatoria del sujeto, de ahí que, tan pronto como el afectado por el encierro o detención se ve imposibilitado de determinarse libremente, se comete el delito, que se reputa de consumación instantánea. Tan pronto como al ofendido se le priva de toda libertad de movimiento resulta inevitable calificar el delito de consumado, siendo suficiente para tal automática consumación el transcurso de unos instantes, un mínimo lapso temporal, siempre necesario para la constatación de ese efecto dañoso para el bien jurídico protegido"».

Qué resuelve el Supremo

El Tribunal Supremo estima parcialmente los recursos, pero no para cambiar la calificación jurídica a coacciones. Mantiene que los hechos son constitutivos de detención ilegal en grado de tentativa.

La estimación parcial se produce por otros motivos: la Sala deja sin efecto las prohibiciones de aproximación y comunicación impuestas en la instancia, al no haber sido solicitadas por la acusación, y reduce la pena por la apreciación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

El Supremo impone finalmente a cada condenado la pena de seis meses de prisión como coautores de un delito de detención ilegal en grado de tentativa, con la aplicación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Impacto práctico

La resolución ofrece un criterio útil para distinguir ambos delitos: si la conducta solo busca forzar o impedir momentáneamente una acción, puede hablarse de coacciones; si lo que se pretende es privar a la víctima de su libertad de movimiento y controlarla físicamente, el encaje es el de detención ilegal.

En definitiva, el Supremo insiste en que la diferencia no depende solo de que el episodio dure más o menos tiempo, sino sobre todo de la finalidad perseguida y de la intensidad de la privación de libertad que se intenta imponer.