El TC aprecia lesión del art. 23 de la CE por prórrogas reiteradas de enmiendas

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado por unanimidad un recurso de amparo contra la decisión de la Mesa del Congreso de prorrogar hasta 71 veces el plazo de presentación de enmiendas de un proyecto de ley que debía seguir el procedimiento de urgencia. La sentencia, según la nota informativa del TC, declara vulnerado el derecho de los diputados recurrentes a ejercer sus funciones representativas del art. 23.2 de la CE, en conexión con el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos por medio de representantes del art. 23.1 de la CE.

La resolución anula los acuerdos parlamentarios impugnados, aunque con efectos meramente declarativos, al haberse dictado ya en una legislatura concluida.

Por qué considera relevante el TC esta actuación

La importancia del pronunciamiento radica en que el tribunal aprecia un uso indebido de la facultad de prorrogar el plazo de enmiendas. A juicio del TC, esa potestad no puede utilizarse de forma automática y reiterada hasta obstruir la tramitación legislativa o impedir en la práctica que los diputados se pronuncien sobre un texto cuya tramitación como proyecto de ley había sido acordada por el Pleno.

La nota informativa subraya que, en este caso, el proyecto de ley procedía del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, convalidado por el Congreso, que acordó además su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia conforme al art. 86.3 de la CE.

Antecedentes del caso

El procedimiento de urgencia comportaba la reducción a la mitad de los plazos del procedimiento legislativo ordinario. Según la nota del TC, ello implicaba que el plazo para presentar enmiendas concluía el 15 de febrero de 2021. Sin embargo, la Mesa de la Cámara fue autorizando sucesivas prórrogas sin motivación específica, hasta alcanzar la 71.ª ampliación.

Cuando se acordó esa nueva prórroga, los diputados recurrentes solicitaron la reconsideración de la decisión. La Mesa rechazó esa petición invocando su propia competencia para ampliar el plazo de enmiendas. Posteriormente se interpuso el recurso de amparo ahora estimado.

La prolongación sucesiva del trámite acabó provocando que el proyecto de ley caducara al finalizar la legislatura el 30 de mayo de 2023, tras la convocatoria de elecciones generales.

La fundamentación del tribunal

El Tribunal Constitucional entiende que la Mesa subvirtió la finalidad de la facultad de prórroga. Según expone la nota, esa potestad está pensada para favorecer el adecuado ejercicio del cargo parlamentario, permitiendo más tiempo para analizar el proyecto de ley y decidir, en su caso, la formulación de enmiendas.

Pero cuando el plazo se prorroga de forma automática, reiterada y sin justificación, ni siquiera al resolver la reconsideración, esa facultad deja de servir a la función parlamentaria y pasa a dificultar y obstruir el curso debido del procedimiento legislativo. Para el TC, ello termina haciendo inefectivo el derecho de participación política de los diputados.

La sentencia aprecia, en consecuencia, que la actuación de la Mesa impidió que pudiera desarrollarse la tramitación como proyecto de ley que el Pleno había decidido, frustrando en la práctica el cauce parlamentario previsto en el art. 86.3 de la CE.

Impacto práctico del criterio

El pronunciamiento refuerza la exigencia de que las decisiones de ordenación parlamentaria que afecten al ejercicio de las funciones representativas estén debidamente motivadas y no vacíen de contenido los derechos del art. 23 de la CE. En particular, el TC advierte de que la facultad de ampliar plazos no puede convertirse en un mecanismo para paralizar de hecho la tramitación de iniciativas legislativas.

La doctrina puede resultar relevante para futuros conflictos sobre la gestión de los tiempos parlamentarios, especialmente cuando estén en juego procedimientos legislativos sujetos a tramitación de urgencia.

Fuente: Tribunal Constitucional