El TS fija que las subvenciones a comunidades de propietarios no impiden cobrar el Ingreso Mínimo Vital

El Tribunal Supremo ha sentado doctrina al determinar que las subvenciones concedidas a las comunidades de propietarios para realizar reparaciones no deben computarse como renta de los beneficiarios individuales a efectos de percibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esta reciente decisión amplía el criterio ya fijado por este alto tribunal respecto al complemento de mínimos de las pensiones de jubilación, lo cual refuerza la protección de las personas en situación de vulnerabilidad.

La resolución deriva del recurso de una beneficiaria del IMV cuya prestación fue suspendida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El motivo de la suspensión fue que el INSS consideró que parte de una subvención recibida por su comunidad de propietarios para arreglar la fachada del edificio debía ser computada como ingreso personal de la beneficiaria, en función de la cuota de participación correspondiente a su vivienda. A juicio del INSS, esta circunstancia implicaba que la solicitante ya disponía de recursos suficientes para subsistir, superando así los límites económicos para la percepción del IMV y motivando la retirada de la ayuda.

Sin embargo, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de la afectada, al entender que este tipo de subvenciones, vinculadas legalmente a un fin concreto —en este caso, reparaciones estructurales del inmueble—, no incrementan la capacidad económica real de los propietarios individuales. De esta forma, rechaza que tales ayudas deban contarse como renta disponible para atender las necesidades básicas de los beneficiarios de prestaciones sociales.

Ampliación del criterio fijado para jubilados

El pronunciamiento sigue la senda iniciada por el Supremo en varias sentencias de 2023 y 2024, en las que este criterio ya se aplicó al complemento de mínimos en las pensiones de jubilación. Precisamente, el INSS venía considerando en ocasiones estas subvenciones como parte del ingreso personal a la hora de computar el acceso a ese complemento, lo que motivó situaciones de controversia similares entre pensionistas.

Las diferencias entre las subvenciones individuales y las concedidas colectivamente a las comunidades de propietarios han sido una cuestión interpretativa relevante en el marco de la concesión y mantenimiento de ayudas sociales. El Supremo razonó que estas subvenciones colectivas están específicamente dirigidas a cubrir necesidades relacionadas con el edificio y no pueden destinarse libremente al consumo o atención de necesidades generales por los particulares. Por tanto, aunque un beneficiario pueda verse indirectamente favorecido por la mejora del inmueble, no aumenta su capacidad económica líquida ni dispone efectivamente de ese capital como renta personal, lo que ha sido clave en la argumentación de la sentencia.

Respuesta a una problemática reiterada

El fallo surge a raíz de casos en que la Seguridad Social suspendía o denegaba prestaciones sociales por interpretar que la proporción de subvenciones para obras comunes representaba ingresos directos para los propietarios, lo que afectaba especialmente a los colectivos más vulnerables. La decisión del Supremo clarifica el marco jurídico para futuros procedimientos y limita la posibilidad de que la administración pública compute como recurso económico estas ayudas, siempre que tengan la naturaleza de subvenciones finalistas ligadas al mantenimiento o mejora del inmueble.

El tribunal ha destacado el sentido y la naturaleza del IMV y del complemento de mínimos de las pensiones de jubilación, subrayando que ambos tienen como objetivo garantizar un umbral mínimo de ingresos a quienes verdaderamente se encuentran en situación de necesidad. Por ello, consideran que solo deben tenerse en cuenta los ingresos que representen, en la práctica, un aumento de la capacidad económica real y disponible para el beneficiario.

Fuente: Poder Judicial.