El TS exige motivación reforzada para que los tribunales denieguen la suspensión de una deuda tributaria garantizada en vía administrativa

La Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en una sentencia de 20 de octubre de 2025 (dictada en el marco del recurso de casación n.º 6341/2023), ha fijado doctrina en relación con la suspensión por parte de los tribunales de instancia de actos tributarios que contienen una deuda tributaria garantizada en vía administrativa. Esta resolución introduce un matiz relevante en la jurisprudencia previa, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica y armonizar principios fundamentales del ordenamiento jurídico tributario.

En concreto, la cuestión con interés casacional planteada en este caso exigía reforzar o completar la jurisprudencia ya existente en torno a si, previamente valorados los intereses en conflicto por parte de la Administración tributaria demandada, que ya había acordado la suspensión de la ejecución de la deuda al aportarse garantía suficiente, se compadece con los principios de seguridad jurídica y buena administración que, en vía judicial, se deniegue el mantenimiento de la suspensión concedida sin que haya existido una variación en las circunstancias de la impugnante ni tampoco de las garantías aportadas para obtener la suspensión de la deuda.

La nueva sentencia clarifica y actualiza la doctrina jurisprudencial referida a la suspensión cautelar en el ámbito tributario, que parte de las sentencias del TS de 7 de marzo de 2005, rec. n.º 715/1999, ECLI:ES:TS:2005:1378, y de 6 de octubre de 1998, rec. n.º 6416/1997, ECLI:ES:TS:1998:5681. En ese sentido, se establece:

• Los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su potestad cautelar para adoptar la decisión que corresponda según los artículos 129 y siguientes de la LJCA, deben valorar su procedencia conforme a los requisitos del artículo 130 de la LJCA y a los principios generales del ordenamiento tributario (seguridad jurídica y buena administración, entre otros), sin que ello implique que el órgano judicial quede vinculado al juicio valorativo de la Administración tributaria. Y, ello, aunque las circunstancias no hayan variado desde que se hizo tal valoración.
• Con todo, en la necesaria ponderación de los intereses en conflicto que debe hacer el órgano judicial, un indicio importante a valorar es la suspensión ex lege acordada en la vía económico-administrativa, sujeta a la aportación de garantía suficiente con extensión a la vía judicial, sin perjuicio de valorar otros indicios, como que la Administración no haya aportado prueba alguna de que la demora en el ingreso de esa deuda garantizada pueda suponer un riesgo para los intereses generales.
• En el caso de que el órgano jurisdiccional considere que, en todo caso, no es procedente la suspensión de la deuda tributaria garantizada en vía administrativa, deberá reforzar la motivación para denegar la suspensión, razonando de modo suficiente por qué en el caso concreto esa medida suspensiva dispuesta por el legislador tributario, mediante aval, como es el caso, no es suficiente para acordar la suspensión en vía jurisdiccional. 

En conclusión, esta sentencia del Tribunal Supremo introduce un matiz significativo en la jurisprudencia previa, al convertir la suspensión acordada en vía administrativa en un elemento privilegiado de ponderación, pero sin que ello implique una suspensión automática. Con ello, se refuerza la seguridad jurídica y se establece un equilibrio entre la potestad de los tribunales y los derechos del contribuyente, exigiéndose que el tribunal deba efectuar un razonamiento particular y específico para desactivar la medida de suspensión con garantía.

Fuente: Poder Judicial.