El Supremo avala la condena por agresión sexual en el matrimonio

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en su STS n.º 213/2026, de 12 de marzo, ECLI:ES:TS:2026:1018, ha desestimado el recurso de casación interpuesto contra una condena por delito continuado de agresión sexual, maltrato habitual y maltrato de obra de género cometidos en el ámbito matrimonial. La resolución confirma el criterio de la Audiencia Provincial de Oviedo y del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y destaca la especial fuerza probatoria de los archivos sonoros grabados por la propia víctima, valorados junto con su testimonio y el resto de la prueba practicada.

La relevancia de la sentencia radica en que el Supremo respalda de forma expresa una condena por agresión sexual dentro del matrimonio en un contexto de dominación, humillación y control, y rechaza que la relación conyugal pueda desdibujar la ausencia de consentimiento. Además, subraya que, en la revisión casacional, no corresponde sustituir la valoración de la prueba realizada en la instancia cuando esta ha sido racional, motivada y respetuosa con las garantías procesales.

Los hechos probados y el contexto de violencia

Según los hechos declarados probados en la instancia, la relación de pareja se deterioró a partir de 2015, aflorando una conducta degradante y humillante del acusado hacia su esposa. La sentencia describe insultos reiterados, control económico, episodios de agresividad, golpes sobre elementos del domicilio y acometimientos físicos.

En ese contexto, desde finales de 2018 el condenado comenzó a imponer relaciones sexuales según su voluntad y en contra de la voluntad de la víctima. El hecho probado individualiza de manera expresa un episodio ocurrido el 26 de marzo de 2019, en el que el acusado irrumpió en la habitación de su esposa, insistió en mantener relaciones sexuales pese a la negativa reiterada de esta y logró la penetración vaginal entre expresiones intimidatorias y humillantes. La sentencia también recoge que la víctima sufrió un trastorno ansioso-depresivo reactivo a raíz de dichas conductas.

El valor de las grabaciones realizadas por la víctima

Uno de los aspectos más relevantes del fallo es la importancia atribuida a los archivos sonoros grabados por la víctima y escuchados en el juicio oral. El Supremo los califica como una prueba directa de especial contundencia, hasta el punto de señalar que, junto con el testimonio de la perjudicada y los testimonios de corroboración, dejaban sin valor exculpatorio la prueba de descargo planteada por la defensa.

La Sala recuerda que el tribunal de instancia analizó de manera exhaustiva toda la prueba practicada, incluido el lenguaje gestual de la víctima, cuya declaración consideró sincera, y explica que la casación no puede convertirse en una nueva valoración probatoria. Su función, precisa, es comprobar si el tribunal de apelación revisó racionalmente la valoración efectuada en la instancia, respetando las reglas de la lógica, la experiencia y la doctrina constitucional sobre presunción de inocencia y motivación.

En este caso, el Supremo entiende que esa revisión fue correcta y que la motivación del tribunal de apelación fue suficiente, especialmente ante la solidez del material probatorio existente. Por ello, descarta tanto la alegada incongruencia omisiva como la pretendida vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

Agresión sexual dentro del matrimonio y delito continuado

Desde la perspectiva penal sustantiva, la sentencia confirma la aplicación de los artículos 178 y 179 del Código Penal, en relación con el artículo 74, al apreciar un delito continuado de agresión sexual. La defensa discutía que no se hubieran individualizado todas las agresiones, pero el Supremo considera suficiente el relato fáctico: junto al episodio concretado del 26 de marzo de 2019, los hechos probados describen una secuencia prolongada de actos sexuales impuestos contra la voluntad de la víctima desde finales de 2018.

La Sala recuerda su doctrina sobre la utilidad del delito continuado en supuestos de sucesivos ataques sexuales sobre la misma víctima, especialmente en ámbitos de convivencia o familiares, donde no siempre es posible fijar con exactitud todas las fechas u ocasiones. Lo determinante, a efectos de subsunción, es que el relato probatorio permita identificar con claridad una secuencia prolongada y homogénea de actos de contenido sexual no consentidos.

Agravante de género y protección de la intimidad de la víctima

El Tribunal Supremo también avala la aplicación de la agravante de discriminación por razón de género del apartado 4 del artículo 22 del Código Penal en el delito de agresión sexual. Razona que la agresión no fue un hecho aislado, sino que se produjo dentro de un clima previo y persistente de abuso, control, menosprecio y humillación hacia la esposa, descrito en el factum desde años antes.

En el plano procesal, la sentencia valida además que el juicio se celebrara a puerta cerrada para proteger la intimidad de la víctima, al amparo de los artículos 680 y 681 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del artículo 232 de la LOPJ. Para la Sala, en delitos de esta naturaleza la restricción del principio de publicidad puede estar plenamente justificada cuando sea necesaria para evitar perjuicios relevantes y preservar la vida privada de la persona afectada.

Igualmente, rechaza que existiera indefensión por la inadmisión de determinadas preguntas o por la denegación de prueba documental solicitada en apelación, al considerar que se dirigían a aspectos de la vida privada de la víctima ajenos al objeto del proceso o carentes de verdadera relevancia para el resultado del juicio.

Fallo y alcance práctico

La sentencia declara no haber lugar al recurso de casación y confirma íntegramente la resolución recurrida, con imposición de costas al recurrente, incluidas las de la acusación particular. De este modo, permanecen las condenas impuestas en la instancia por agresión sexual continuada, maltrato habitual y maltrato de obra de género, así como las medidas accesorias y la responsabilidad civil fijada.

Desde una perspectiva práctica, el pronunciamiento refuerza varias ideas de interés: el matrimonio no excluye ni atenúa la exigencia de consentimiento; las grabaciones realizadas por la víctima pueden constituir una prueba de cargo de gran solidez si han sido válidamente incorporadas y contradichas en juicio; y la revisión en apelación y casación no permite reabrir sin más la valoración de la prueba cuando la condena está asentada en una motivación racional y suficiente. Se trata, en suma, de una resolución relevante sobre violencia sexual en la pareja, tutela de la intimidad de la víctima y estándares de control de la prueba en casación penal.