El TSJ canario confirma la condena a la banda por un violento asalto simulando ser la policía

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la sentencia n.º 77/2026, rec. 149/2025, ha resuelto el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas por el asalto cometido en enero de 2016 en una vivienda. La resolución confirma en lo sustancial la condena impuesta a varios integrantes de la banda y solo estima parcialmente el recurso de una de las acusadas, a la que absuelve exclusivamente del delito de pertenencia a organización criminal, manteniendo el resto de pronunciamientos.

La condena principal recae sobre varios miembros del grupo por un delito de asesinato en grado de tentativa, un delito de robo en concurso medial con detención ilegal y, en la mayoría de los casos, por pertenencia a organización criminal. Además, dos de los acusados fueron condenados por posesión de armas prohibidas. En concreto, la sentencia de instancia impuso penas de 11 años de prisión por la tentativa de asesinato a uno de los autores materiales y penas inferiores a otros partícipes en atención, entre otros factores, a la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas y al reconocimiento de los hechos por varios de ellos; igualmente, fijó penas adicionales por el robo con detención ilegal y por integración en organización criminal. El TSJ desestima los recursos de tres de los condenados y confirma esos pronunciamientos, mientras que respecto de una acusada elimina únicamente la pena de tres años de prisión correspondiente al delito de organización criminal. 

Los hechos declarados probados describen una actuación concertada y especialmente violenta. Según la sentencia, cuatro de los acusados, de común acuerdo, se hicieron pasar por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para acceder a la vivienda de las víctimas con el pretexto de practicar una falsa entrada y registro por un supuesto delito de blanqueo de capitales. Una vez dentro, maniataron a los moradores y exigieron que les indicaran dónde estaba la caja fuerte y los objetos de valor.

Durante el asalto uno de los propietarios fue sometido a una agresión extrema. Los hechos probados recogen golpes por todo el cuerpo, descargas eléctricas y lesiones de enorme gravedad, entre ellas traumatismo craneoencefálico severo, fracturas en el cráneo, órbitas, húmero, costillas y vértebras, además de otras lesiones diseminadas. La sentencia también destaca el sufrimiento añadido causado por la sucesión de golpes y descargas, que generó un estado de pánico y un grave menoscabo físico y psíquico. Tras apoderarse de relojes y joyas, los asaltantes huyeron y dejaron a los propietarios atados en el suelo.

La resolución añade que el perjudicado falleció después, durante el periodo de recuperación, por un tromboembolismo pulmonar agudo bilateral masivo. No obstante, la condena se mantiene por asesinato en grado de tentativa y no como asesinato consumado, aunque la propia Sala subraya la singular gravedad de la agresión y la conexión de la inmovilización posterior con las lesiones sufridas.

Una banda organizada con reparto de funciones

La sal considera acreditado que los acusados actuaban integrados en una organización criminal con estructura y reparto de tareas. El fallo describe un funcionamiento concertado: vigilancias previas sobre las víctimas, alquiler de vehículos, traslado de herramientas y útiles para el robo, captación de información y asignación de cometidos concretos a cada miembro. Entre esos apoyos, se atribuye a varios colaboradores la obtención de una pata de cabra, la contratación de un vehículo para vigilancias y el transporte de los autores y de diverso material empleado en el asalto.

La Sala de apelación insiste en que no se trató de una actuación improvisada na estructura con vocación de permanencia, coordinación y jerarquía. Esa conclusión le lleva a rechazar los recursos dirigidos a excluir el delito de organización criminal respecto de la mayoría de los condenados. La única excepción es la de una acusada respecto de la que el TSJ aprecia vulneración del principio acusatorio, al haberse retirado en el juicio la acusación por ese concreto delito, razón por la que la absuelve solo en ese punto. 

Consecuencias penales y civiles

Además de las penas de prisión, la sentencia mantiene la responsabilidad civil fijada en la instancia. Por la tentativa de asesinato, se estableció una indemnización conjunta y solidaria de 120.000 euros para cada uno de cuatro perjudicados, a cargo de los condenados como autores de ese delito. Por el robo en concurso con detención ilegal, se impone además la indemnización correspondiente al valor de los efectos sustraídos, a determientencia.

En definitiva, el TSJ de Canarias avala la tesis de la Audiencia sobre la existencia de una banda organizada que preparó el asalto, simuló una actuación policial para entrar en la casa, inmovilizó a las víctimas y desplegó una violencia extrema para obtener dinero y objetos de valor. La resolución solo corrige parcialmente la condena de una de las acusadas por razones estrictamente procesales, pero mantiene intacto el núcleo de los hechos probados y de las penas impuestas al resto de integrantes del grupo.