El TSJ de Cantabria confirma la nulidad de una sanción por contratación irregular de trabajadores extranjeros

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria n.º 765/2025, de 7 de noviembre, ECLI:ES:TSJCANT:2025:1108 ha declarado nula una sanción administrativa de 30.003 euros impuesta a un empresario patrón de una embarcación pesquera por contratación irregular de trabajadores extranjeros.

Los hechos se remontan al 9 de febrero de 2023, cuando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizó una visita al centro de trabajo del empresario, constatando que tres trabajadores extranjeros prestaban servicios sin la correspondiente autorización de residencia y trabajo. Posteriormente, se verificó que los trabajadores habían utilizado identidades falsas para ser contratados, lo que dio lugar a la imposición de tres sanciones muy graves por parte de la Delegación del Gobierno, cada una por importe de 10.001 euros.

El empresario, por su parte, alegó desconocer la falsedad de las identidades aportadas por los trabajadores y sostuvo que había cumplido con los trámites legales para su contratación, incluyendo la alta en la Seguridad Social y la formalización de los contratos. El Juzgado de lo Social núm. 4 de Santander estimó su demanda, declarando la nulidad de la sanción al considerar que no se había acreditado dolo ni negligencia en su actuación.

En su recurso, la Delegación del Gobierno argumentó que la sanción era procedente y que el empresario había actuado de manera negligente. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria confirmó la sentencia de instancia, concluyendo que el empresario actuó por error y que no se podía exigirle una comprobación exhaustiva de las identidades de los trabajadores más allá de los documentos aportados. Además, destacó que las fotografías de los trabajadores y las correspondientes a las identidades falsas no fueron aportadas al juicio, y que la Capitanía Marítima había autorizado el enrolamiento de los trabajadores.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia desestima el recurso de la Delegación del Gobierno y confirma la nulidad de la sanción, señalando que no se acreditó la culpabilidad del empresario en los términos exigidos por el derecho administrativo sancionador.