El GPS de un coche de alquiler sustenta una condena por cocaína

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha confirmado íntegramente la condena impuesta por la Audiencia Provincial a un acusado por un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud y en cantidad de notoria importancia.

La STSJ de Murcia n.º 22/2026, de 17 de julio, ECLI:ES:TSJMU:2026:1210, desestima el recurso de apelación formulado por la defensa y mantiene la pena de seis años y un día de prisión, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y una multa de 87.195 euros.

El tribunal también confirma el decomiso y la destrucción de la droga intervenida. Las costas de la apelación se declaran de oficio.

Casi un kilo de cocaína oculto bajo el maletero

Según los hechos probados, el acusado utilizaba para sus desplazamientos un Citroën C4 perteneciente a una empresa de alquiler con sede en Lucena, Córdoba. El contrato había vencido en junio de 2025 sin que se hubiera abonado la cantidad comprometida para renovarlo, pese a que el usuario había sido advertido de que el vehículo sería retirado durante la primera semana de agosto.

Los datos del GPS instalado en el automóvil reflejaron que el 6 de agosto se realizaron distintos desplazamientos por las localidades valencianas de Alberic, Massalavés y Torrent, así como por Sangonera la Seca y Cañada Hermosa, en Murcia.

La sentencia considera acreditado que, en alguno de esos puntos, el acusado se aprovisionó de un paquete que contenía 998 gramos de cocaína, con una riqueza media del 80,92%, destinada a su distribución entre terceras personas.

Durante la madrugada del 7 de agosto, el representante de la empresa localizó el vehículo estacionado en Massalavés mediante el sistema de geolocalización. El turismo fue recuperado con una segunda llave y trasladado posteriormente a las instalaciones de la compañía en Lucena.

Cuatro días después, el acusado acudió a una comisaría de Murcia y manifestó que había entregado el automóvil a un amigo el 5 de agosto, en la entrada de Mercamurcia. Añadió que esa persona le había comunicado posteriormente que en el interior del coche había un kilogramo de cocaína.

Tras recibir esta información, agentes de la Brigada de Policía Judicial se desplazaron hasta la sede de la empresa de alquiler. Allí encontraron un paquete escondido en el maletero, bajo la bandeja y en el espacio reservado para la rueda de repuesto. La Oficina Central Nacional de Estupefacientes valoró la sustancia en 29.065 euros dentro del mercado ilícito.

El GPS y las contradicciones sustentan la condena

La defensa solicitó la absolución por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, valoración irracional de la prueba testifical, contradicciones entre los testigos y los agentes policiales, existencia de prueba de descargo y denegación de diligencias esenciales.

El TSJ de Murcia rechaza estos argumentos y concluye que la Audiencia Provincial efectuó un análisis minucioso, exhaustivo y suficientemente motivado del material probatorio.

Entre los indicios relevantes, la Sala destaca que el acusado había utilizado el vehículo de forma continuada durante los diez meses anteriores; que los registros del GPS no coincidían con su relato sobre el momento y el lugar en los que habría entregado el coche, y que no facilitó ningún dato que permitiera identificar al supuesto amigo.

Esta última circunstancia resulta especialmente significativa porque, según su propia versión, el acusado disponía al menos del número de teléfono desde el que había recibido la información relativa a la presencia de la droga.

El tribunal entiende que la combinación de hechos acreditados permite inferir, sin margen para una duda razonable, que el acusado conocía y controlaba la cocaína. Frente a esos indicios, no se ofreció una explicación alternativa plausible, sino una versión considerada inveraz e incompatible con los datos objetivos obtenidos durante la investigación.

La resolución aplica los criterios jurisprudenciales de la prueba indiciaria: los hechos base deben estar plenamente acreditados, presentar contenido incriminatorio y encontrarse relacionados entre sí, mientras que la inferencia judicial ha de responder a las reglas de la lógica y de la experiencia. La prueba indiciaria puede destruir la presunción de inocencia cuando exista una pluralidad de indicios acreditados y una inferencia racional expresada en la sentencia. permite sustituir sin más la valoración probatoria

El TSJ también delimita el alcance de la revisión de una sentencia condenatoria en apelación. La función del órgano superior no consiste en efectuar una nueva valoración completa de la prueba, sino en controlar críticamente el razonamiento seguido en primera instancia. Solo procede sustituir la valoración del tribunal sentenciador cuando se detecte un error basado en parámetros objetivos, una conclusión arbitraria o una inferencia incompatible con las reglas de la lógica. En este caso, la Sala no aprecia irracionalidad ni contradicciones capaces de afectar a la fiabilidad de los testimonios.

El tribunal subraya, además, que no existió un testigo único. La condena se apoyó en distintas declaraciones, datos de geolocalización y elementos documentales que aportaban conocimiento directo sobre los hechos y se reforzaban mutuamente.

El delito fue encuadrado en los artículos 368 y 369.1.5.ª del Código Penal, relativos al tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud cuando concurre una cantidad de notoria importancia. El artículo 368 contempla para estas sustancias penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo de su valor, mientras que el artículo 369 agrava la respuesta penal en los supuestos legalmente previstos.

Rechazo de las diligencias meramente prospectivas

La defensa también sostuvo que se habían denegado indebidamente dos pruebas: la geolocalización del teléfono del acusado y las grabaciones de cámaras de seguridad del lugar donde se encontraba estacionado el vehículo. Respecto del teléfono, la Sala señala que la diligencia no fue propuesta en el escrito de defensa ni al comienzo del juicio oral. Por ello, no podía afirmarse que hubiera sido indebidamente denegada por la Audiencia Provincial. En cuanto a las cámaras, el tribunal confirma la improcedencia de la solicitud por su formulación indeterminada y su carácter meramente prospectivo. No existía constancia de que las grabaciones estuvieran disponibles y la petición pretendía abrir, una vez concluida la instrucción, una línea de investigación nueva basada en una fuente de información hipotética.

La resolución recuerda así que la proposición de prueba debe cumplir unas exigencias formales y materiales mínimas. La fase de juicio oral no puede emplearse para suplir tardíamente la falta de impulso de una parte durante la instrucción ni para promover investigaciones exploratorias una vez acordada la apertura del juicio.

Conclusión

La sentencia refuerza el valor probatorio que pueden alcanzar los registros de geolocalización de un vehículo cuando se integran con otros indicios objetivos, como el control prolongado del automóvil, la ocultación de la droga y las contradicciones de la explicación ofrecida.

Para los profesionales del derecho penal, la resolución también subraya dos cuestiones prácticas: la necesidad de proponer las diligencias defensivas en el momento procesal oportuno y la obligación de concretar su objeto y utilidad. Una solicitud genérica o puramente exploratoria no basta para sustentar una vulneración del derecho de defensa.