Entra en vigor la Directiva (UE) 2026/799, de 30 de marzo, para armonizar la insolvencia

El Diario Oficial de la Unión Europea de 1 de abril de 2026 publica la Directiva (UE) 2026/799 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2026, relativa a la armonización de determinados aspectos del Derecho en materia de insolvencia. La norma establece requisitos mínimos comunes para aproximar determinadas reglas nacionales con incidencia en la eficiencia de los procedimientos de insolvencia y en su funcionamiento en contextos transfronterizos.

Su finalidad, es contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior y de la unión de los mercados de capitales, eliminando obstáculos derivados de las diferencias entre las normativas nacionales en materia de insolvencia.

Entrada en vigor y transposición

La directiva entra en vigor el 21 de abril de 2026.

Los Estados miembros deberán poner en vigor las disposiciones necesarias para su transposición a más tardar el 22 de enero de 2029. En relación con los artículos 15, 16 y 17, en la medida en que estén vinculados con BARIS, la transposición deberá producirse a más tardar en esa fecha o el 10 de julio de 2029, si esta fuera posterior.

Principales bloques 

• Acciones rescisorias: La directiva fija normas comunes sobre los actos perjudiciales para el conjunto de los acreedores perfeccionados antes de la apertura del procedimiento de insolvencia. Regula, entre otros aspectos, las preferencias, los actos sin contraprestación o con contraprestación manifiestamente inadecuada, los actos intencionadamente perjudiciales, sus efectos y la responsabilidad de terceros.
• Rastreo de activos de la masa del concurso. Se establecen reglas para mejorar el acceso de los administradores concursales a información relevante para identificar y rastrear activos, incluyendo acceso a información sobre cuentas bancarias a través de órganos jurisdiccionales o autoridades administrativas designados, acceso a información sobre titularidad real y acceso a determinados registros y bases de datos nacionales.
• Procedimientos de venta prenegociada (prepack). La norma obliga a que los Estados miembros dispongan de procedimientos de venta prenegociada al menos para deudores en probabilidad de insolvencia, con una fase de preparación y una fase de liquidación. Regula el nombramiento del supervisor, los principios de competitividad, transparencia y equidad del proceso de venta, la autorización de la venta, la cesión de contratos vigentes y la posición del adquirente respecto de deudas y pasivos.
• Deber de los administradores de solicitar la apertura del procedimiento de insolvencia. El texto impone a los administradores de una sociedad insolvente, conforme al Derecho nacional, el deber de presentar solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia, con excepción de los procedimientos de reestructuración preventiva, en un plazo de tres meses desde que hayan conocido o razonablemente debieran haber conocido la insolvencia. También exige reglas de responsabilidad civil por los daños causados a los acreedores por el incumplimiento de ese deber.
• Comités de acreedores y transparencia. La directiva prevé la constitución de comités de acreedores en determinadas condiciones, regula su composición, funciones, método de trabajo, gastos y responsabilidad, e impone además la elaboración de una ficha de información esencial sobre los elementos básicos del Derecho nacional en materia de procedimientos de insolvencia.

Ámbito de aplicación y exclusiones

La directiva establece normas comunes sobre acciones rescisorias, rastreo de activos, prepack, deber de solicitar la apertura del procedimiento de insolvencia, comités de acreedores y fichas de información esencial.

No será aplicable, entre otros supuestos, cuando los deudores sean empresas de seguros o reaseguros, entidades de crédito, determinadas empresas de servicios de inversión u organismos de inversión colectiva, entidades de contrapartida central, depositarios centrales de valores, otras entidades financieras enumeradas en la Directiva 2014/59/UE, de 15 de mayo, organismos públicos con arreglo al Derecho nacional y personas físicas que no tengan la condición de empresario.

Protección de trabajadores y medidas excepcionales

La norma precisa que se entiende sin perjuicio del Derecho de la Unión y nacional sobre los derechos de los trabajadores, incluida la participación de sus representantes y los derechos de información y consulta.

Asimismo, contempla la posibilidad de que los Estados miembros establezcan excepciones temporales a determinadas disposiciones nacionales de transposición de los títulos II, V y VI en situaciones extraordinarias que perturben gravemente la actividad económica, dentro de los límites y condiciones fijados por la propia directiva.

Qué cambia en la práctica

La Directiva (UE) 2026/799, de 30 de marzo, configura un marco mínimo común para aspectos clave del Derecho de insolvencia con especial relevancia práctica: recuperación de activos, rescisión de actos perjudiciales, ventas prenegociadas, actuación de los administradores y participación de los acreedores.

Para los operadores jurídicos y económicos, la norma anticipa futuras reformas internas orientadas a reforzar la previsibilidad y la coordinación en los procedimientos de insolvencia, especialmente en escenarios transfronterizos.