Publicada la ratificación del Protocolo común de aplicación de la Convención de Viena y del Convenio de París

Se ha publicado en el BOE la ratificación del Protocolo común relativo a la aplicación de la Convención de Viena y del Convenio de París, significativo en la regulación de los daños nucleares. Dicha ratificación fue efectuada el 3 de abril de 2025 y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 6 de junio de 2025, marcando un avance en las políticas de seguridad y responsabilidad en el ámbito nuclear en el contexto internacional.

El Protocolo, firmado inicialmente en Viena el 21 de septiembre de 1988, se fundamenta en las convenciones existentes sobre responsabilidad civil en materia de energía nuclear, con el objetivo de unificar y aclarar las disposiciones que rigen la responsabilidad en caso de accidentes nucleares. 

La Convención de Viena de 1963 y el Convenio de París de 1960 establecen marcos diferenciados para la responsabilidad civil por daños nucleares. Este nuevo Protocolo intenta eliminar las complicaciones que podrían surgir de la aplicación simultánea de ambas normativas en caso de un accidente, proporcionando claridad sobre qué régimen de responsabilidad debe aplicarse según el donde se produzca el incidente.

El texto del Protocolo establece que, en caso de accidentes nucleares, se debe aplicar exclusivamente uno de los dos marcos, ya sea la Convención de Viena o el Convenio de París, según la ubicación de la instalación nuclear implicada. Así, se establece que el instrumento aplicable será aquél en que sea parte el Estado en cuyo territorio esté situada la instalación.

Además, el Protocolo establece diversas disposiciones que regulan cómo se manejarán los daños en cada caso específico, garantizando que los explotadores de instalaciones nucleares sean responsables de los daños causados en el territorio de otro Estado parte.

Los artículos del Protocolo son claros en las obligaciones y derechos de los Estados signatarios, estableciendo un diseño legal que busca mitigar las tensiones que pueden surgir entre las distintas jurisdicciones en el manejo de reclamaciones por daños nucleares. 

Este protocolo entró en vigor con carácter general el 27 de abril de 1992, y para España entrará en vigor el 19 de agosto de 2025.