La futura nueva Ley Hipotecaria no convence a todo el mundo.

Rajoy pretende con esta ley cumplir con la exigencia de Bruselas de transponer a la legislación española la directiva europea 2014/17/UE, algo que debía haberse realizado antes del 21 de marzo de 2016. Toni Roldán, de Ciudadanos dice que ?Esta norma llega tarde porque hace tiempo que caducó el plazo que tenía España para transponer la directiva?.

Pedro Saura, del PSOE, manifiesta que ?Esta ley no corrige el desequilibrio que existe a favor de las entidades financieras? y Alberto Montero, de Unidos Podemos, afirma que ?La ley es bastante liviana en la trasposición de la directiva. Había más margen para que fuera menos complaciente con los prestamistas y más protectora de los derechos de los prestatarios?.

Desde el PSOE y Ciudadanos señalan insuficiente la nueva norma y reclama que se incluyan medidas como el desarrollo de ficheros de solvencia positivos, la regulación de la responsabilidad en la concesión de créditos, así como un mecanismo de segunda oportunidad.

El anteproyecto no incluye la dación de pago obligatoria para las nuevas hipotecas que se firmen a partir de ahora, por tanto, la deuda pendiente de pago no quedará saldada en el caso de que se entregue la casa al banco. Esto ha despertado las críticas. Tanto PSOE como Unidos Podemos se muestran dispuestos a incluir esta medida en el texto mediante enmiendas una vez que el proyecto de ley llegue a la Comisión de Economía del Congreso, algo que ocurrirá, en principio, después del verano.

?Falta un elemento esencial: la asunción de riesgos por parte de las entidades por la vía de la dación en pago, que constituye un elemento disuasorio. El contrato hipotecario se sustenta sobre una garantía, que debería bastarle al prestamista en caso de resolución de contrato?, dice Montero.

Además de la dación en pago, los partidos de la oposición creen que serían necesarias otras medidas que sirvan para prevenir futuras situaciones, como un sistema de mediación entre bancos y particulares, así como alternativas de vivienda. ?Hay que establecer un sistema de mediación antes de que se vaya a realizar la ejecución hipotecaria?.

La Nueva Ley establece que, en caso de que exista un impago, los bancos no podrán cobrar el interés que hayan pactado con el cliente. La normativa contempla que el interés de demora será tres veces el precio legal del dinero, que actualmente se sitúa en el 3%.

Según Saura ?Nos parece insuficiente, debería ser menor. Además, debería incluirse no solo el tope máximo, sino prohibir que se le incurran al cliente los gastos de gestión de impagados?.

Por último, se modifica también la cláusula de vencimiento anticipado, que permite a los bancos ejecutar el préstamo e iniciar el proceso de desahucio, para ampliar los umbrales. Hasta ahora, un banco podía reservarse el derecho a activar esta cláusula, que consiste en dar por vencido la totalidad del préstamo antes del plazo acordado en el momento en el que deudor incumple su obligación de pago, con un impago de tres mensualidades. Sin embargo, la nueva ley establece unos umbrales mínimos más altos.

Según explican desde el Ministerio, ?la duración del contrato se va a dividir en dos partes y a cada una de ellas se le aplicará un umbral. En la primera mitad será necesario el impago de al menos el 2% del importe prestado para activar esta cláusula (el impago no puede superar las nueve mensualidades), mientras que en la segunda mitad dicho mínimo pasará al 4% (o un impago máximo de 12 mensualidades). Para una hipoteca a 20 años, por ejemplo, cada mitad serían 10 años?.

Desde el PSOE se apunta al respecto que ?Estos umbrales de incumplimiento nos parecen que no son homologables a la media europea, deberían situarse entre el 7% y el 10% del capital concedido?, según explica Saura.