En todo caso, señalan que han podido producirse diferencias en relación a los criterios de contabilización con los órganos de fiscalización, en función del informe publicado por el Consello de Contas, por que el se detectan infracciones en sus cursos. Además, critican la falta de inclusión de sus alegaciones en el informe publicado.

El informe de fiscalización relativo a los programas formativos para el empleo del año 2010 refleja la irregularidad en el uso del dinero público empleado para el desarrollo de estos cursos, por lo que en muchos casos va a parar a las entidades adjudicatarias. 

Así, el informe destaca la gestión en materia de subvenciones para las actividades formativas. De esta forma señala que, en numerosos casos, constaban de cursos carentes de alumnado, contratación de empresas vinculadas, personas que se encontraban en varios cursos en las mismas fechas y horas o gastos de material desmesurados. En consecuencia, el Consello de Contas detectó 574 irregularidades, en un total de 70 cursos, y siendo beneficiarias empresas, fundaciones y sindicatos. En esta línea, la Fundación Laboral Construcción, con 91 incidencias o la Fundación Galega do Metal, con 58 son las entidades con mayor número de anomalías, además de otras como Forga o la Confederación de Empresarios de Ourense. 

Asimismo, el informe indica la existencia de “una elevada concertación de actividades formativas por algunos beneficiarios con entidades vinculadas, sin que conste, por lo general, la autorización del órgano de concesión de la ayuda ni tampoco el contraste con los precios de mercado a través de la petición de distintas ofertas -exigible según la normativa de subvenciones-, lo que supone riesgos de opacidad para determinar si los costes son reales o están sobrevalorados. De forma destacada, en torno a algunos beneficiarios se da un elevado elenco de entidades vinculadas que absorben la práctica totalidad de las contrataciones justificadas en los cursos impartidos, ahondando en esa opacidad, como sucede en el entorno de Gecreri (presenta hasta seis entidades distintas vinculadas) o en torno al grupo Academia Postal (cinco)”. 

Además, expresa que “la contratación de la docencia con empresas externas constituye [...] un supuesto de subcontratación que la Orden de la convocatoria no permite en la formación de desempleados y que, sin embargo, se constata en un buen número de expedientes”. En este sentido, “no parece adecuado que las organizaciones sindicales y empresariales más representativas sean miembros de las comisiones que elaboran las propuestas de formación y, a su vez, los principales beneficiarios de las ayudas”. 

En función de la publicación del informe, la Fundación Laboral Construcción, integrada por patronal y sindicatos, comenta que las conclusiones de Contas “ya fueron aclaradas en su día y se reducen a cuestiones procedimentales que no pueden poner en cuestión el cumplimiento de la normativa”, y que, en relación a las irregularidades, éstas “pueden ser muchas en número e incluso por normativas que Contas no estime adecuadas, pero se ha cumplido la norma y no ha habido enriquecimiento ilícito”. En esta línea, otras organizaciones, como la Fundación Galega do Metal tambien niegan la existencia de irregularidades