La sanción ha sido impuesta a un pensionista que declaró de forma voluntaria, a través del modelo 720, pero fuera de plazo bienes prescritos.

El sancionado ha sido un pensionista andaluz que declaró voluntariamente unos 340.000 euros prescritos, que tenía en Suiza, por los cuales se les exige en concepto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 185.000 euros, incluidos intereses,  y una sanción de 254.000 euros, lo que supone el 150% de la cuota del IRPF, sumando un total de 439.000 euros.

Además, Hacienda acordó el embargo cautelar de los bienes propiedad del pensionista en España.

Meses atrás Hacienda ya informara de que estaba inspeccionando a casi 7.000 contribuyentes por haber declarado fuera de plazo o de forma parcial sus bienes en el extranjero, como por no haberlos declarado a través del modelo 720.

A través de un comunicado, economistas entienden que “la Agencia Tributaria considera que para evitar la sanción del 150% que gira sobre la cuota generada por la ganancia no justificada de patrimonio que se produce cuando se presenta fuera de plazo el modelo 720, el contribuyente debe de regularizar dicha ganancia sin requerimiento previo".

Consideran que, la presentación fuera de plazo, "es una conducta tipificada como infracción muy grave y sancionable con 100 euros por cada dato omitido con un mínimo de 1.500 euros" (…) "La Administración Tributaria entiende que tiene que sancionar si el contribuyente no regulariza de manera espontánea tal ganancia patrimonial. Sin embargo, expone que no debe imponer sanción si la regularización en el IRPF se realiza sin requerimiento previo".

En lo que va de año de 2015, un total de 14.324 millones de euros han sido declarados por primera vez, por parte de 27.576 contribuyentes. Éstos se suman a los recaudados en 2013, 89.000 millones declarados por 135.000 contribuyentes, y en 2014, más de 20.700 millones declarados por 32.500 contribuyentes.

Según el Registro de Economistas y Asesores Fiscales, órgano especializado del Consejo General de Economistas, la normativa sobre la obligación de declarar bienes y derechos situados en el extranjero, está siendo analizada por la Comisión Europea, por posible vulneración de los principios de seguridad jurídica y capacidad contributiva, y falta de proporcionalidad en el finalidad de acabar con el fraude fiscal.