Aseguran que se trata de una demanda de conflicto colectivo ?sin precedentes? por "la situación de máxima alarma" en la que se encuentra la sociedad española debido a los casos de corrupción producidos.

En este sentido, la organización explica que "no pueden permanecer ajenos a esta grave situación", por lo que solicitan la ampliación en cuestión de medios materiales adaptados a los funcionarios públicos y el refuerzo en los órganos judiciales y fiscales relacionados con la investigación de este tipo de casos, lo que se traduce en "la grave sobrecarga de trabajo que afecta a los Juzgados". Por ello, instan al refuerzo de las unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado, entre otras medidas.

En consecuencia, señalan que “los continuos episodios de corrupción política que han visto la luz en los últimos tiempos socavan la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático y generan un evidente riesgo de colapso de nuestro Estado de Derecho", por lo que se hace necesaria la lucha contra el "debilitamiento del Poder Judicial", como única garantía de corrección de las desviaciones de poder, "que con escandalosa frecuencia avergüenzan a la sociedad española".