La AP de Valencia condena a una exdirectora financiera por delito de falsedad documental y estafa

La Audiencia Provincial de Valencia en la sentencia n.º 436/25, de 27 de junio de 2025, ha condenado a 2 años de prisión y al pago de una multa de 1.620 euros a una exdirectora financiera que defraudó más de 154.000 euros a la empresa frutícola para la que trabajaba. La sentencia dictada en conformidad también impone a la acusada la obligación de indemnizar a la compañía perjudicada con la totalidad de la cantidad sustraída, que asciende a 154.536 euros, además de los intereses legales correspondientes.

Según los hechos probados recogidos en la resolución, la condenada, que ocupaba el puesto de directora financiera, ejecutó de manera continuada y sistemática un plan para apropiarse de los fondos de la empresa entre los meses de junio de 2017 y junio de 2019. Durante ese periodo, realizó hasta 41 transferencias bancarias desde las cuentas de la mercantil por un importe total de 114.774 euros. Estas transferencias fueron dirigidas a cuentas personales de las que la acusada era titular exclusiva o compartía con su esposo, quien no tuvo participación ni conocimiento del fraude.

Para ocultar estas operaciones, la autora del delito fingió que los movimientos tenían como destino el pago de obligaciones tributarias ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Hacienda). Además de las transferencias, la acusada falsificó la firma del administrador de la empresa para emitir 50 cheques y pagarés al portador, los cuales cobró en su propio beneficio entre octubre de 2018 y junio de 2019.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia declara acreditados un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada. Esta calificación implica que la conducta de la acusada consistió tanto en la utilización fraudulenta de medios de pago y documentos mercantiles como en el engaño sistemático a la empresa para obtener un beneficio económico ilícito.

La condena incluye, además de los dos años de prisión, el pago de una multa de 1.620 euros y la obligación de restituir el importe total defraudado a la empresa.