La DGT analiza el tratamiento en IRPF de la indemnización por vulneración de derechos fundamentales abonada a un trabajador

La consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (V0283-24), de 4 de marzo de 2024, se plantea si la indemnización moral por vulneración de derechos fundamentales que una empresa abona a un trabajador en virtud de una sentencia judicial se encuentra sometida a retención a cuenta del IRPF o exenta en dicho impuesto en base al artículo 7.d) de la LIRPF. 

En particular, por lo que se refiere a la naturaleza de la concreta indemnización que se analiza, la consulta trae a colación uno de los fundamentos de la sentencia condenatoria, en el que se señalaría que «por lo anterior, teniendo en cuenta la ausencia total de alegaciones de las demandadas sobre la cuantía de la indemnización por daños morales solicitada y valorando que la cantidad de 70.000 €, se encuentra en el grado medio de la multa a imponer por sanciones muy graves es por lo que se considera razonable y adecuado fijar la indemnización en la suma solicitada para, de ese modo, resarcir en sus justos términos el perjuicio derivado del daño moral infringido al trabajador»; para terminar el fallo condenando «a las demandadas a abonar al trabajador una indemnización, por vulneración de sus derechos fundamentales, fijada en la cantidad de 70.000 €».

El artículo 7.d) de la LIRPF declara exentas las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, en la cuantía legal o judicialmente reconocida. Por lo tanto, para que la indemnización quede amparada por dicha exención será necesario que se trate de una indemnización por responsabilidad civil por daños personales (concepto que incluiría los daños físicos, psíquicos o morales) y que su cuantía se fije judicialmente. A tal respecto, el Centro Directivo precisa que en la expresión «cuantía judicialmente reconocida» se entienden comprendidos tanto los supuestos de cuantificación fijada por un juez o tribunal mediante resolución judicial, como las fórmulas intermedias: aquellos supuestos en los que existe una aproximación voluntaria en las posturas de las partes en conflicto, siempre que haya algún tipo de intervención judicial.

Así las cosas, en la consulta se razona que «considerando que efectivamente se trata de una indemnización por responsabilidad civil, habiéndose fijado su cuantía por sentencia judicial, para que opere la exención resulta necesario que aquella se corresponda con daños personales (físicos, psíquicos y morales), por lo que en tal circunstancia la indemnización estaría exenta —circunstancia que en el presente caso cabría entender concurrente, pues del texto de la sentencia referido por la consultante y transcrito al inicio de esta contestación la indemnización responde con daños morales—, exención que no operaría de corresponderse la indemnización con daños materiales (perjuicios económicos)». Sobre esa base, por tanto, Tributos estima que la indemnización quedaría exenta.

Finalmente, se resalta que, dada esa consideración como renta exenta, su importe no quedaría sometido a retención a cuenta del IRPF, tal como resulta del artículo 75.3 del RIRPF.