La UE propone limitar el acceso de menores a redes sociales

La Comisión Europea ha presentado, según el texto facilitado, una propuesta de Ley KIDS dirigida a reforzar la seguridad de los menores en internet y a exigir que las plataformas acrediten que sus servicios son adecuados para cada edad y seguros desde su diseño.

La iniciativa deberá ser examinada y adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo. Por tanto, las medidas descritas forman parte de una propuesta legislativa y todavía no constituyen obligaciones vigentes.

El proyecto se apoya en cuatro pilares:

• Acceso gradual a las redes sociales.
• Seguridad por defecto.
• Mecanismos de garantía de edad respetuosos con la privacidad.
• Sistema reforzado de supervisión.

Este planteamiento enlaza con las directrices europeas ya publicadas sobre protección de menores, que reclaman privacidad y seguridad desde el diseño, configuraciones restrictivas por defecto y medidas frente a funciones que puedan favorecer un uso compulsivo. 

Acceso gradual según la edad

Las cuentas autónomas en redes sociales quedarían reservadas a quienes hayan cumplido 15 años. Los menores de entre 13 y 14 años solo podrían utilizar estos servicios mediante «mini cuentas» vinculadas a las de sus tutores.

Estas cuentas supervisadas tendrían contactos sociales limitados, contenidos adecuados a la edad y un tiempo máximo de uso de una hora diaria. Los menores de 13 años no podrían acceder a redes sociales, aunque sí a servicios de intercambio de vídeos específicamente diseñados para la infancia y gestionados desde la cuenta de un adulto.

Servicios seguros desde el diseño

La propuesta abarcaría redes sociales, plataformas de intercambio de vídeos, videojuegos en línea, asistentes de inteligencia artificial y chatbots utilizados por menores de 18 años.

Las plataformas tendrían prohibido incorporar determinadas funciones adictivas o manipuladoras. El texto menciona el desplazamiento infinito sin puntos de parada, las recompensas destinadas a prolongar el uso, las notificaciones durante las horas de sueño y los sistemas de recomendación basados en perfiles que conduzcan de forma reiterada hacia contenidos perjudiciales.

También se impediría el contacto no solicitado de desconocidos. Los asistentes de IA y chatbots estarían desactivados por defecto y no podrían simular relaciones personales susceptibles de generar dependencia emocional.

Los perfiles de los menores serían privados desde su apertura. La geolocalización, la cámara y el micrófono permanecerían desactivados, mientras que los usuarios dispondrían de herramientas sencillas para bloquear o silenciar contactos, controlar el tiempo de uso y modificar los sistemas de recomendación.

Estas medidas inciden en riesgos ya examinados por la Comisión Europea al analizar funciones como el desplazamiento infinito, la reproducción automática, las notificaciones push y la personalización intensa de contenidos. 

Verificación de edad con protección de la privacidad

Los servicios digitales y las tiendas de aplicaciones tendrían que implantar herramientas de garantía de edad. Entre las soluciones previstas figura la aplicación europea de verificación, concebida para acreditar la edad sin conservar documentos de identidad ni datos biométricos.

Las redes sociales y plataformas de vídeo deberían comprobar la edad al abrir una cuenta. Para los perfiles ya existentes, podrían efectuar una estimación a partir de indicadores razonables, como la fecha de creación de la cuenta o determinados datos de pago.

La garantía de edad se plantea como una medida compatible con la protección de datos y proporcionada al riesgo del servicio. El marco europeo vigente ya contempla métodos de verificación para restringir el acceso de menores a determinados contenidos y servicios. 

Las grandes plataformas deberán acreditar su seguridad

La Ley KIDS invertiría la carga de la prueba para las plataformas en línea de muy gran tamaño. Estas empresas serían responsables de demostrar que sus servicios, funciones y novedades son seguros desde el diseño.

Antes de introducir una nueva funcionalidad, deberían presentar un plan de cumplimiento ante la Comisión Europea y someterlo al análisis de un auditor independiente. Si la evaluación detectara deficiencias, la Comisión podría exigir medidas correctoras.

La ejecución se apoyaría en las estructuras de la Ley de Servicios Digitales y de la Ley de Inteligencia Artificial. Además, la propuesta contempla procedimientos acelerados en los que la Comisión debería concluir sus investigaciones en un plazo de 90 días.

Tramitación de la propuesta

El Parlamento Europeo y el Consejo deberán examinar el proyecto dentro del procedimiento legislativo de la Unión. Las edades mínimas, los límites temporales y las obligaciones dirigidas a los proveedores no serán aplicables mientras la norma no sea aprobada y entre en vigor en los términos que establezca su texto definitivo.