Desde 2013 se han detenido a 2.698 personas, imputado a 3.627 individuos y descubierto un fraude a la Seguridad Social que alcanza un volumen de 401 millones de euros.

Este convenio de colaboración se enmarca en las iniciativas emprendidas por el Gobierno aprobadas por el Ley 13/2012 de 26 de Dic.

De los objetivos que se pretende alcanzar con el mismo, los más relevantes son consolidar la colaboración entre la Policía Nacional y las entidades  gestoras de la Seguridad Social, así como facilitar el acceso de la Policía Nacional a las bases de datos de la Administración de la Seguridad Social y la cesión de los mismos.

Se contempla, además, reforzar la formación jurídica de los policías nacionales y su preparación en el uso de las aplicaciones informáticas específicas para llevar a cabo las funciones encomendadas.

Desde 2013 hasta el primer trimestre del presente año, la Sección de Investigación de la Seguridad Social ha detenido a 2.698 personas, ha imputado a 3.627 individuos y ha descubierto un fraude a la Seguridad Social que alcanza un volumen de 401 millones de euros.

La operación llevada a cabo por la Sección de Investigación de la Seguridad Social que más repercusión mediática está teniendo es la Operación EDU, que está dirigida a luchar contra un presunto fraude masivo en las subvenciones para la formación de empleados y desempleados en Andalucía para el que habría sido necesaria la colaboración de altos cargos de la Junta de Andalucía y que ha derivado en detenciones de empresarios, funcionarios y promotores de empresas que recibieron ayudas de la Junta de Andalucía para formación. El fraude consistiría en que patronales, sindicatos y empresas privadas implicadas de Andalucía, utilizaron fondos públicos para organizar supuestos cursos para trabajadores y parados que nunca se realizaron o no reunían los requisitos necesarios para ser subvencionados.

El ministro del Interior resalta que el convenio firmado ayer responde al "convencimiento de que si nunca es tolerable ninguna clase de fraude, ni de delitos, ni de corrupción en general, menos lo es cuando la gran mayoría de los ciudadanos, empresarios y trabajadores, han hecho un enorme esfuerzo en esta dura etapa de grave crisis de la que ya salimos, cumpliendo además con sus obligaciones, ya fueran tributarias o laborales".

Por su parte, la ministra de Empleo y Seguridad Social, ha señalado que "la lucha contra el fraude laboral es una prioridad para el Gobierno en sus esfuerzos para garantizar la calidad del empleo" y ha revelado que las actuaciones realizadas durante 2012 han permitido aflorar 274.089 empleos y convertir en indefinidos 128.007 contratos temporales, como consecuencia de la actuación de control de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Además, se han detectado más de 5.000 cuentas de cotización correspondientes a empresas ficticias, creadas con el único objetivo de defraudar a la Seguridad Social, y se han anulado un total de 111.050 altas ficticias de trabajadores por la Tesorería General de la Seguridad Social.