La medida se enmarcará en el cumplimiento de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), por la que se defiende el derecho de filiación de estos menores

Además, el proyecto de reforma del Registro Civil establecerá la obligación de los centros sanitarios a comunicar los nacimientos y defunciones a las oficinas del Registro Civil, según ha explicado Rafael Catalá, ministro de Justicia, en el debate de totalidad realizado ante el Pleno del Congreso. 

Así, eludirá que 856.000 trámites deban realizarse de forma presencial por los progenitores o familiares más cercanos de los afectados y supondrá un ahorro anual de 64 millones de euros para los ciudadanos. En este sentido, indicaba que la declaración presencial es obsoleta, puesto que tenía sentido con su implantación, en , pero en la actualidad los avances tecnológicos y administrativos facilitan otras medidas. 

Por ello, entiende que los centros sanitarios deben funcionar como  “ventanilla única" para la tramitación de  esa información, excepto los fallecimientos en circunstancias que precisen de la intervención judicial. Por otro lado, considera que la reforma refuerza las medidas para asegurar la filiación materna y poner fin a los casos de "bebés robados". 

Asimismo, en su comparecencia Catalá, ha anunciado que la encomienda de la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles se hará vía enmienda al proyecto de ley que obliga a los centros sanitarios a comunicar electrónicamente los nacimientos y fallecimientos a estas oficinas. 

En este sentido, ha señalado que los Registros Civiles han sido colapsados y que el 50% de las quejas recibidas sobre el funcionamiento de la Justicia se refiere al Registro Civil, sus tiempos de espera, sus horarios de atención al público o sus insuficientes plantillas, de forma que posibilite las medidas sobre la reforma de la normativa.

La nueva estructura girará en torno a oficinas generales en capitales de provincia, islas y poblaciones que cuenten con más de 100.000 habitantes con la colaboración de consulados y oficinas colaboradoras, como juzgados de paz y registros de la propiedad. 

Catalá ha defendido que la medida no es una  "contrarreforma" y califica como  "demagógico" considerar que la misma se trata de una privatización. Así, ha expresado que "parece sorprendente que se quiera dudar de la condición de funcionarios públicos de los registradores de la propiedad y mercantiles" 

En su comparecencia, el titular de Justicia ha avalado también las bodas ante notario y ha mostrado su disposición a la alternatividad para que el ciudadano pueda decidir realizar sus trámites en el juzgado o ante otros operadores, como notarios o registradores, ya que reduce la carga de trabajo de los juzgados pues "carece de sentido seguir atribuyendo a los jueces tareas sin naturaleza jurisdiccional". En conclusión, señala que la medida  supone un "cauce menos costoso y más rápido" en la tramitación de expedientes registrales y notariales.