Nuevas Medidas contra el blanqueo de capitales adoptadas por el Parlamento Europeo.

Los eurodiputados respaldaron (con 574 votos a favor, 13 en contra y 60 abstenciones) el acuerdo alcanzado en diciembre con el Consejo, que prevé una serie de medidas contra el blanqueo de capitales que atiende, en parte, a una respuesta sobre los ataques terroristas de 2015 y 2016 en París y Bruselas, así como a las filtraciones de los ?papeles de Panamá?. Entre estas medidas se encuentra la vigilancia más estrecha de las monedas virtuales, como el bitcóin, para evitar que se utilicen para lavar dinero o financiar el terrorismo.

La reforma da derecho a cualquier ciudadano a acceder a la información sobre los titulares efectivos de las empresas que operan en la UE. El objetivo es acabar con la opacidad que facilitan las denominadas ?empresas buzón?, a menudo utilizadas para blanquear capitales, ocultar fondos y eludir impuestos.

En cuanto a los propietarios de fideicomisos (?trusts?), la información será accesible para los que puedan demostrar un ?interés legítimo?, como por ejemplo, periodistas y organizaciones no gubernamentales. Los estados miembros podrán dar un acceso más amplio a la información, en línea con su legislación nacional.

Los cambios también abordan los riesgos asociados a las tarjetas prepago y las monedas virtuales. De esta manera, con objeto de acabar con el anonimato de las criptomonedas, se obligará a las plataformas de negociación y a los proveedores que ofrecen servicios de monederos electrónicos a aplicar controles de diligencia debidas similares a los exigidos a los bancos, como la verificación de los clientes.

La nueva Directiva incluirá criterios más estrictos para evaluar si los países de fuera de la UE representan un riesgo efectivo de blanqueo de capitales, además de medidas de vigilancia más estrechas de las transacciones que implican a nacionales de países de riesgo.

Las personas que revelen información sobre blanqueo de capitales podrán beneficiarse de protección, incluido el derecho al anonimato.

Tras la adopción formal por parte del Consejo de Ministros y la firma del texto legislativo de la Directiva, la norma revisada será publicada en el Diario Oficial de la UE. Entrará en vigor tres días después. Los países tendrán 18 meses para trasladar los cambios a la legislación nacional.