El RDL 4/2026 fija un límite a la subida de precios en situaciones de emergencia

Hoy, 11 de febrero de 2026, el BOE publica el Real Decreto-ley 4/2026, de 10 de febrero, por el que se garantiza la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia. La norma responde, entre otros hechos recientes, al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y al cierre temporal de la línea Madrid-Andalucía, que provocaron incrementos desproporcionados de los precios en otros medios de transporte. 

Con ello, se pone de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de protección de las personas consumidoras y usuarias frente a prácticas que puedan resultar abusivas en situaciones sobrevenidas de emergencia y que generan una situación de vulnerabilidad adicional. De este modo, se hace imprescindible introducir una limitación temporal de los precios máximos aplicables durante la vigencia de una situación de emergencia que altere de forma significativa las condiciones de oferta y demanda de un mercado concreto, a fin de proteger la equidad, la transparencia y la confianza de la ciudadanía en el mercado

A TENER EN CUENTA. La entrada en vigor de esta norma se prevé para el mismo día de su publicación, es decir, el 11/02/2026.

Modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios

El real decreto-ley introduce cambios en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, con el fin de limitar los incrementos del precio final de determinados bienes y servicios en contextos de urgencia, riesgo o necesidad.

En concreto, se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 20 de la LGDCU. Se reformula esta letra para reforzar la obligación de informar del precio final completo, incluidos impuestos, incrementos o descuentos aplicables y gastos adicionales, también los potenciales gastos de gestión que se repercutan al consumidor o usuario. Cuando no pueda fijarse con exactitud el precio en la oferta, deberá indicarse la base de cálculo que permita comprobarlo, y, si los gastos adicionales no pueden calcularse de antemano, se deberá informar de su existencia y, en su caso, de su importe estimado.

Se añade además que, en los contratos a distancia o celebrados fuera del establecimiento, el comerciante facilitará información clara y comprensible sobre el precio cuando este haya sido personalizado mediante decisiones automatizadas. Finalmente, se establece que el precio final ofertado deberá respetar la normativa reguladora de precios aplicable, con referencia expresa a dicha normativa y a los parámetros utilizados para fijarlo.

Nuevo artículo 20 ter: criterio general de limitación de precios

Se incorpora un precepto específico titulado «Limitación del incremento del precio final en contextos de urgencia, riesgo o necesidad de las personas consumidoras».

El apartado 1 del artículo 20 ter establece que no se podrán producir incrementos del precio final de venta de los bienes y servicios que se determinen conforme a este precepto en contextos de urgencia, riesgo o necesidad de las personas consumidoras.

¿Qué se entiende por incremento del precio final? Sería «cualquier precio superior al del precio máximo al que se haya ofertado el bien o servicio, o aquellos bienes o servicios de naturaleza análoga, durante los treinta días previos a la situación sobrevenida que deriva en la urgencia, riesgo o necesidad».

Precio de referencia y regla de corrección:

• Como regla general, el precio máximo aplicable será el máximo ofertado en los 30 días naturales anteriores a la situación sobrevenida, respecto del mismo bien o servicio o de otros de naturaleza análoga.
• Excepcionalmente, cuando ese precio máximo haya sido superior en un 50 % al precio medio ofertado en el mismo periodo y para esos bienes o servicios, el precio de referencia pasará a ser el precio medio incrementado en un 50 %.

La norma aclara que esta limitación se aplica sin perjuicio de los incrementos de precio que deriven de un aumento acreditable de los costes de puesta en el mercado del bien o servicio, o de los incrementos demostrablemente necesarios para poner en el mercado nuevos bienes o servicios que contribuyan a mitigar la alteración de oferta y demanda en la situación de emergencia o fuerza mayor.

Para los bienes y servicios con marcado carácter estacional, se permite tomar como referencia el precio del mismo periodo del año anterior, actualizado conforme al Índice de Precios al Consumo.

Por último, en los servicios con tarifas o precios regulados, o sujetos a contratos entre el operador y la Administración pública, se considera cumplida la condición de no incremento de precio por parte del operador, al no fijarse libremente dichos precios.

¿Cuándo se aplica la limitación de precios?

El apartado 2 del artículo 20 ter de la LGDCU concreta los supuestos de aplicación de esta limitación:

• Se aplicará tras la declaración de «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil».
• Adicionalmente, en contextos de urgencia, riesgo o necesidad de las personas consumidoras derivados de accidente, emergencia técnica, fuerza mayor u otras circunstancias sobrevenidas no imputables a las personas usuarias, siempre que alteren la oferta y la demanda de forma excepcional y se determinen mediante Acuerdo de Consejo de Ministros.

Respecto de este acuerdo señala que el mismo debe precisar:

• La fecha de inicio y de final de la limitación de precios.
• Los bienes o servicios afectados.
• La referencia de precios aplicable.

Además, ese acuerdo podrá imponer a los comercializadores la obligación de informar en la oferta comercial del precio medio y del precio máximo al que se haya ofertado el bien o servicio al menos durante los 30 días previos, obligación que rige durante la vigencia de la medida o durante el periodo adicional que el propio acuerdo establezca.

Finalmente, se reconoce expresamente, para el caso de incumplimiento de la obligación de limitación de precios señalada, el derecho de la persona consumidora o usuaria a la devolución automática de cualquier cantidad cobrada en exceso sobre el precio máximo aplicable, sin perjuicio del régimen sancionador que proceda.

A TENER EN CUENTA. Lo previsto en el nuevo precepto es aplicable a los servicios afectados por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), así como a las conexiones ferroviarias Madrid-Málaga y Madrid-Huelva que continúen suspendidas como consecuencia del accidente de Adamuz. Esta previsión se aplica desde el 11 hasta el 18 de febrero de 2026, con posibilidad de prórroga por acuerdo del Consejo de Ministros.

Impacto práctico: qué cambia para empresas y consumidores

Con el Real Decreto-ley 4/2026, de 10 de febrero, el ordenamiento incorpora un mecanismo general de contención de precios en emergencias, basado en referencias objetivas de precios previos, en la posibilidad de utilizar periodos estacionales de comparación y en la obligación de información reforzada hacia las personas consumidoras.

Para los operadores económicos, la norma fija límites claros a la subida de precios en contextos de urgencia, riesgo o necesidad, permitiendo únicamente los incrementos justificados por costes acreditables o por la introducción de nuevos bienes y servicios que ayuden a restablecer el equilibrio de oferta y demanda.

Para las personas consumidoras y usuarias, se refuerza la protección de sus intereses económicos en situaciones de especial vulnerabilidad, al garantizar un precio máximo referenciado a periodos previos y el derecho a la devolución automática de lo cobrado por encima de ese límite, dentro del marco general de defensa de consumidores y usuarios.