Quién pagará el impuesto a los plásticos de un solo uso

El Ministerio de Hacienda ha creado un documento, disponible en su página web, mediante el que somete el proyecto a consulta pública, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de Gobierno, con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las normas con rango de Ley y reglamentos. Los ciudadanos que deseen hacer llegar sus opinión pueden remitir sus comentarios hasta el 14 de marzo de 2020 a través del buzón de correo observaciones.proyectos@tributos.hacienda.gob.es

Hay que tener e cuenta que en España, los ingresos por impuestos medioambientales, suponen un porcentaje del PIB de los más bajos de la Unión Europea. En 2017 era el quinto porcentaje más bajo. En el caso concreto de los plásticos, urge abordar las consecuencias medioambientales los millones de toneladas de basura que anualmente terminan en los océanos y que cada vez preocupan más a la opinión pública. Cada año terminan en los océanos entre 5 y 13 millones de toneladas de plástico (entre el 1,5% y el 4% de la producción mundial). En la Unión Europea, las cifras alcanzan unas proporciones todavía más alarmantes: entre 150.000 y 500.000 toneladas de residuos plásticos.

Dada la ausencia de un enfoque circular que permita el reciclaje efectivo, la prioridad se centra en la prevención, entendida como el conjunto de medidas que han de adoptarse antes de que una sustancia se convierta en residuo. Este objetivo forma parte del Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020 y pretende como prioridad reducir la cantidad de plástico que se produce y fomentar la reutilización, reduciendo así el impacto asociado a la generación de envases. 

Con la implantación de un impuesto que grave los envases de plástico de un solo uso, concretamente aquellos concebidos para contener o proteger bienes o productos alimenticios, se pretende tanto prevenir y reducir su impacto sobre el medio ambiente y la salud humana, como contribuir a la adecuación de la fiscalidad medioambiental española a la media del resto de los Estados miembros, como aconseja la Comisión Europea.

La creación de esta norma debe servir también para fomentar la creación de nuevos modelos de negocio basados en el consumo sostenible sin comprometer la seguridad alimentaria o las propiedades de los productos. 

El dilema que se plantea es si este impuesto lo acabará soportando el consumidor final, como ocurrió con el cobro obligatorio de las bolsas de plástico que se introdujo el 1 de julio de 2018. 

La industria del plástico tampoco ha ofrecido una reacción positiva a esta medida, como principal perjudicada por su implantación. En defensa de sus intereses, alega que el plástico es un material seguro que ayuda a proteger los alimentos y a evitar la propagación de enfermedades. Su reducción podría aumentar las alertas sanitarias y alimentarias. 

Veremos si al final este impuesto sale a la luz y si consigue el efecto esperado o si hay que apoyarlo en otras medidas como la penalización de los depósitos en basureros de este tipo de materiales a fin de frenar la huella ecológica del ser humano en nuestro planeta.