Se prepara una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
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Se prepara una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

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Materias: penal

Fecha: 18/02/2020

E-book Soluciones extrajudiciales de conflictos laborales. Balanza justicia
E-book Soluciones extrajudiciales de conflictos laborales. Balanza justicia

 

El nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia para explicar las líneas generales de la política de su departamento, ha pedido un esfuerzo conjunto en torno al Plan Justicia 2030 que permitirá colocar la Administración de Justicia a un nivel de desarrollo equiparable al de otros servicios públicos avanzados, como la Seguridad Social o la Agencia Tributaria.

El ministro de Justicia se ha comprometido a someter al consenso de  operadores jurídicos y grupos parlamentarios la hoja de ruta del Plan Justicia 2030 que pretende llevar al Consejo de Ministros en el plazo máximo de tres meses para su inmediata puesta en marcha. Sus objetivos son consolidar los derechos y garantías de los ciudadanos, promover una mayor eficiencia del servicio público y garantizar el acceso a la Justicia en todo el territorio.

En aras de una mayor eficiencia operativa del servicio público de la Justicia, el objetivo del ministro es completar los proyectos de modernización iniciados durante el mandato de Francisco Caamaño y que quedaron interrumpidos en 2011. Entre ellos, culminar la implantación de la Oficina Judicial y del expediente judicial digital e integrar las diferentes plataformas de gestión procesal. Otro hito será la puesta en marcha de los tribunales de instancia. Justicia apostará también durante esta legislatura por potenciar las soluciones extrajudiciales de resolución de conflictos e introducir reformas procesales para afrontar los pleitos en masa mediante el mecanismo conocido como ‘sentencia testigo o modelo’.

La medida estrella fue el anuncio de la próxima reforma de la LECRIM antes de que acabe este año 2020. El objetivo es actualizar nuestro sistema de enjuiciamiento criminal mediante una regulación moderna y justa que garantice un proceso penal democrático y plenamente adaptado a los principios constitucionales. Un proceso penal que “deslinde las funciones instructoras de los juzgadores” al otorgar la dirección de la investigación a los fiscales.

Campo se ha comprometido a llevar el anteproyecto de reforma de la norma al Consejo de Ministros para su aprobación antes de final de año.

Entre otros proyectos legislativos, el ministro confía también en que en esta legislatura pueda culminarse también la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, así como la Ley Orgánica del Derecho de Defensa. 

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