El BOE de 14 de noviembre publica el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo

El Boletín Oficial del Estado de 14 de noviembre publica el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. El objeto de esta norma, que deroga al Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo y la Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto normativo, es regular las previsiones contenidas en la Ley 5 Ley 50/1997, de noviembre, del Gobierno, en lo que se refiere a ese documento que debe acompañar a los anteproyectos de ley y proyectos de reales decretos-leyes, reales decretos legislativos y normas reglamentarias. 

El texto, que entrará en vigor a los 20 días de su publicación, nace de la necesidad de adaptar la materia regulada a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que incluía, como se recuerda, "una modificación ad hoc de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno". El mismo regula la estructura y contenido de la Memoria, los supuestos en que procede una Memoria Abreviada (cuando se estime que de la propuesta normativa de que se trate no se derivan impactos apreciables en ninguno de los ámbitos señalados en el reglamento,o estos no son significativos, siendo también preceptiva en los supuestos de la tramitación de proyectos de reales decretos leyes) la previsión de una adaptación de la Guía Metodológica para la elaboración de la memoria del análisis de impacto normativo (a realizar en 6 meses) y la indicación de que las previsiones del Real decreto relativas al informe sobre el impacto por razón de género serán también aplicables a los proyectos de planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística sometidos a la aprobación del Consejo de Ministros y a las convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público.