Publicada en el BOE la convalidación del RD-ley 1/2025, 28 de enero

Se publica en el BOE del 15 de febrero de 2025, la Resolución de 12 de febrero de 2025, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad.

El 29 de enero de 2025 se publico en el BOE el Real Decreto-ley 1/2025, el 28 de enero, por el que un conjunto de medidas urgentes que van desde acciones económicas hasta la protección de colectivos vulnerables, incluyendo a los afectados por la erupción del volcán en La Palma y la DANA en Valencia.

Esta norma que responde a un contexto de crisis económica y social, tiene como objetivo principal garantizar la estabilidad y el bienestar de las comunidades más afectadas. En el ámbito económico, el RD-ley 1/2025, el 28 de enero, establece la extensión del régimen de suspensión de la liberalización de inversiones extranjeras hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta medida busca proteger a empresas españolas, especialmente aquellas con un valor de inversión superior a 500 millones de euros, y que son de interés nacional. Asimismo, se suspende la causa de disolución por pérdidas derivadas de la DANA, permitiendo que las sociedades afectadas no incluyan estas pérdidas en su contabilidad hasta 2026. 

Además, se autoriza a la Comunitat Valenciana a realizar nuevas operaciones de endeudamiento para cubrir gastos extraordinarios derivados de la DANA. 

En el sector del transporte, se implementarán medidas que incluyen un descuento del 100% en los abonos de transporte público terrestre en las islas Canarias e Illes Balears. 

Entre las ayudas directas que se pondrán en marcha desde julio de 2025 figura la gratuidad de los títulos de transporte para la población infantil hasta catorce años, y un 50% de descuento en títulos jóvenes. También se prevén bonificaciones del 20% en abonos y títulos multiviaje. Estas iniciativas buscan fomentar el uso del transporte público, en particular entre los sectores más jóvenes y vulnerables. Otra área de impacto es la Seguridad Social, donde se revalorizarán las pensiones en un 2,8% y se actualizará la base máxima de cotización al sistema.

Las empresas que se adhieran a los ERTE deberán comprometerse a mantener el empleo durante seis meses tras la finalización de las ayudas. Asimismo, se implementarán medidas específicas para los trabajadores del sector marítimo-pesquero, asegurando que no sean perjudicados por la nueva cotización de solidaridad. 

La protección de colectivos vulnerables en cuanto a vivienda es otro de los ejes que aborda el RD-ley 1/2025, de 28 de enero. Se extiende la suspensión de desahucios y lanzamientos hasta el 31 de diciembre de 2025 para arrendatarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. Esta medida incluye compensaciones para arrendadores afectados por la moratoria, así como modificaciones en normativas que regulan estos procedimientos. Esta medida incluye compensaciones para arrendadores afectados por la moratoria, así como modificaciones en normativas que regulan estos procedimientos.

El decreto también incluye medidas para la reconstrucción económica de La Palma, donde se establece la extensión de los ERTES por fuerza mayor hasta el 30 de junio de 2025 y el aplazamiento del pago de cuotas de la Seguridad Social para empresas y autónomos afectados por la crisis volcánica. Adicionalmente, se han diseñado políticas de apoyo para el suministro de energía y agua, estableciendo descuentos en el bono social eléctrico del 1 de enero al 30 de junio de 2025, lo que permitirá a los consumidores vulnerables obtener un 50% de descuento en su factura eléctrica, y un 65% para los consumidores vulnerables severos. Esto garantiza el acceso a servicios esenciales a lo largo de 2025, revirtiendo la carga de los costos y protegiendo a los hogares en riesgo. 

En conclusión, el RD-ley 1/2025, de 28 de enero, surge como una respuesta integral a la crisis económica y social, ofreciendo mecanismos concretos para proteger a los colectivos más vulnerables, durante un periodo en el que la recuperación se vuelve esencial.