Publicada la Resolución con la financiación del sistema de dependencia para 2026

El BOE de 9 de septiembre de 2026 publica la Resolución de 27 de agosto de 2026, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, que recoge el Marco de Cooperación Interadministrativa y los criterios de reparto de los créditos estatales destinados a financiar durante 2026 el nivel acordado del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

El marco para 2026 refuerza la financiación estatal de la dependencia mediante cuantías mensuales por persona y una dotación territorial adicional. Al mismo tiempo, vincula parte del reparto a la gestión, el empleo, las listas de espera y la calidad, manteniendo la obligación autonómica de igualar, como mínimo, la aportación estatal.

El modelo combina dos instrumentos: una aportación estatal vinculada al grado de dependencia de cada persona beneficiaria y una bolsa adicional distribuida territorialmente para sostener y mejorar los servicios y prestaciones.

A TENER EN CUENTA. La resolución se conecta con el Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, porque este aporta la base presupuestaria extraordinaria —especialmente los 121 millones adicionales para el nivel acordado— y aquella publica el acuerdo que convierte ese refuerzo en reparto efectivo entre territorios durante 2026. 

El nivel mínimo: una cuantía mensual por persona

La Administración General del Estado financia el nivel mínimo de protección garantizado. Tras la actualización efectuada en 2026, las cuantías mensuales son:

• Grado III + Dependencia Extrema: 4.930 euros al mes.
• Grado III, Gran Dependencia: 660 euros al mes.
• Grado II, Dependencia Severa: 260 euros al mes.
• Grado I, Dependencia Moderada: 90 euros al mes.

Esta financiación se vincula a las personas en situación de dependencia atendidas por el sistema y se diferencia del nivel acordado, que se articula mediante la cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas.

Más de 904 millones para el nivel acordado

Además del nivel mínimo, el Estado destina 904.197.420 euros al nivel acordado de protección en 2026. La dotación incluye un suplemento de crédito de 121 millones de euros y se distribuye en cuatro fondos.

• Fondo de estructura: 168.324.610,45 euros, atendiendo a factores como la población potencialmente dependiente, la superficie, la dispersión, la insularidad y el coste de los servicios.
• Fondo de gestión: 201.989.532,54 euros, ligado a las personas atendidas, la agilidad administrativa y la inversión autonómica.
• Fondo de cumplimiento de objetivos: 302.984.298,81 euros, destinado a valorar la mejora del empleo, la reducción de la lista de espera y la calidad de las prestaciones y servicios.
• Fondo de acreditación y calidad: 230.898.978,19 euros, orientado a impulsar la calidad de los centros y servicios del SAAD y distribuido en proporción a las personas atendidas mediante servicios.

El reparto territorial asigna los mayores importes a Andalucía, con 178.056.860,27 euros; Cataluña, con 115.793.560,06 euros; la Comunidad de Madrid, con 112.849.402,77 euros; y Castilla y León, con 95.799.324,14 euros.

País Vasco y Navarra: ajuste mediante el régimen foral

La financiación estatal correspondiente al País Vasco y Navarra no se articula mediante el mismo reparto directo. Conforme a la Ley 39/2006, las cantidades que correspondan se tienen en cuenta en el cálculo del cupo vasco y de la aportación navarra, de acuerdo con sus respectivos sistemas de Concierto y Convenio Económico.

El IMSERSO financia la atención en Ceuta y Melilla

En las ciudades autónomas, las cantidades necesarias para financiar el SAAD y atender a las personas en situación de dependencia se consignan anualmente en los presupuestos del IMSERSO.

Para 2026, el fondo de acreditación y calidad reserva 218.415,23 euros para Ceuta y 289.775,75 euros para Melilla, que se añaden a los créditos destinados a la gestión estatal del sistema en ambas ciudades.

La regla de cofinanciación autonómica

Las comunidades autónomas deben contribuir a la financiación del SAAD con una cantidad al menos igual a la aportada por la Administración General del Estado para los niveles mínimo y acordado.

En términos prácticos, por cada euro estatal destinado a estos dos niveles de protección, la comunidad autónoma correspondiente debe aportar, como mínimo, otro euro de sus propios presupuestos.

Los convenios entre el Estado y cada comunidad concretarán las acciones y objetivos financiables, especialmente las mejoras laborales del personal, la reducción de las listas de espera y la calidad de los centros y servicios. El pago estatal se realizará en su totalidad con la firma del correspondiente convenio y su justificación deberá efectuarse, una vez finalizado el ejercicio, no más tarde del 31 de marzo del año siguiente.

Prestaciones destinadas a la atención de personas en dependencia.